Si se necesitan políticas agresivas en materia lingüística, habrá que decir cuanto antes contra quién. Antes de ponerlas en práctica será necesario definir la amenaza que se quiere conjurar y el adversario al que se pretende derrotar con la sugerida agresividad. ¿Está fuera o dentro de Galicia? ¿Cómo actúa? ¿Es numeroso? Lo que sucede en Cataluña puede ayudar a entender la cuestión. Allí se está obligando a los cines a dar un porcentaje de películas en catalán, y se sanciona a los establecimientos que no rotulan en la lengua adecuada. Son todas ellas políticas agresivas que tienen un destinatario común: los catalanes. Los catalanes son la amenaza que quiere combatir la Generalitat. Porque nada ni nadie impide a los propietarios catalanes de las salas ofrecer toda su programación en catalán, ni a los tenderos hacer lo propio en el mostrador. La ley vigente les permitía catalanizarse a su gusto, y eran ellos los que elegían libremente la proporción. Pero los reguladores llegaron a la conclusión de que eso no bastaba y así se pasó de la libertad, a esas políticas agresivas que la conculcan. Esas directrices responden a un orden de prioridades en el que lo primero es la lengua, no el pueblo que la habla. El idioma se idolatra de tal forma, que los propios catalanes son reprimidos en su nombre, de acuerdo con un principio enunciado en regímenes pasados: la lengua es compañera del Imperio, aunque el Imperio sea pequeñito y conste de cuatro provincias. Da la impresión de que gran parte de los gallegos ven esas políticas con horror y no con envidia. Sin embargo es la envidia hacia el modelo catalán (el vasco de P­atxi es muy distinto) lo que predomina en algunos círculos intelectuales de nuestro país. De ahí que se hable de políticas agresivas y no de políticas persuasivas, más acordes con el talante propio de nuestra gente. Si esos ambientes se autodeterminasen un poco de la influencia catalana, se darían cuenta de que es un sinsentido considerar una amenaza a la propia sociedad. Como esa sociedad no hace caso a sus teóricos líderes culturales, como no hacemos bueno de ella, hay que enderezarla con medidas apropiadas, basadas en la obligación, la prohibición y, en fin, en la limitación de las libertades. No es ése el camino. No hay una lógica que relacione los análisis que se hacen de la realidad sociolingüística del país, con la conclusión de que lo mejor es emprender políticas agresivas. Se constata que hay una desafección hacia el gallego, y que los propios escolares galleguizados tienen como lengua propia el castellano una vez que salen a la calle. ¿Hasta dónde tiene que llegar la agresividad para alterar esa situación? ¿Qué garantías existen de que ese esfuerzo obligatorio dé los resultados apetecidos? ¿Habría que subir un poco más la presión legal de no producirse la normalización deseada? Parece mentira que no se haya aprendido nada del pasado. Si una dictadura férrea en plena autarquía comunicativa no es capaz de moldear lingüísticamente a un pueblo, menos lo será una democracia que se mueve en un mundo sin fronteras.

Existe en Galicia un consenso básico sobre la necesidad de mantener, fomentar y defender el idioma más original que tenemos. Pero los caminos se bifurcan a la hora de establecer las prioridades. Para unos, la lengua está por encima de todo y justifica esas políticas agresivas de las que se habla, aunque metan en cintura al ciudadano. Para otros, democracia viene de demos, y ningún valor es superior a la libertad de la gente, diga lo que diga la Generalitat.

CLRODRIGUEZ@ELCORREOGALLEGO.ES