AUNQUE los resultados arrojan cifras diferentes, como consecuencia de la metodología utilizada para recabarlas, lo que había adelantado la encuesta de población activa correspondiente al último trimestre de 2011, lo ha confirmado el censo del paro registrado del pasado mes de enero.

El desempleo sigue aumentando. Continúa la destrucción de puestos de trabajo: por primera vez desde que se inició la crisis, las administraciones públicas se suman a ese desaguisado, con especial incidencia en aquellos territorios, caso de Galicia, en los que el peso del gasto público compensa en parte la menor potencia de la economía privada, y unos salarios medios y unas pensiones medias por debajo de la media española.

Asimismo, el número de afiliados a la Seguridad Social española desciende por debajo de los 17 millones de cotizantes.

La recaída de la actividad económica, agudizada por las medidas de ajuste tomadas a mediados de 2010 por el Gobierno Zapatero y la contracción que han sufrido en la segunda mitad del 2011 la mayoría de los países europeos, hasta situar el viejo continente en un escenario igualmente recesivo, han devenido en un descenso del PIB en el último trimestre del año pasado que, lejos de aminorar, tenderá a aumentar como consecuencia de los ajustes aplicados por el Gobierno Rajoy, subida de impuestos incluida.

En otras palabras, el paquete de medidas anticíclicas adoptado por el Gobierno, de acuerdo con la política de ajuste impuesta por Berlín, retrasa la salida de la crisis y genera más paro. Por lo que una vez más hay que insistir en los efectos perversos que está generando la línea impuesta por Merkozy.

Sin un mínimo crecimiento es tarea imposible crear empleo, mantener en niveles razonables el Estado del bienestar y sostener esas cotas de equidad sobre las que se asienta una estructura de rentas disponibles capaz de garantizar una demanda interna lo suficientemente potente como para asegurar el funcionamiento equilibrado del modelo.

La situación actual es continuidad del retroceso que viene sufriendo la economía española desde 2007, tanto por el desapalancamiento del sistema económico y financiero, sobre todo privado, y porque ambas recesiones han provocado y están provocando una pérdida muy notable de capacidad productiva. Algo que se ha hecho mucho más perceptible en Galicia en los últimos doce meses.

La pérdida de tejido industrial, las incertidumbres latentes que aquejan al sector de la automoción, los crónicos y reiterados padecimientos de la construcción naval, el adelgazamiento del sector financiero, los malos vientos que soplan en el negocio eólico y la desarticulación estructural que sufre el sector lácteo son espacios abonados a un mayor desempleo en Galicia.

Infelizmente, no cabe esperar que la reforma laboral que anuncia el Gobierno Rajoy sea capaz, a corto plazo, de presentarle batalla a un problema cuya solución depende en mayor medida de una estrategia de crecimiento.