El concurso eólico de la Xunta se ha convertido en una baza política, de la que la contienda mediática es una consecuencia más de la misma, pero no el meollo de la cuestión por más empeño que le pongan sus más egóticos animadores.

Se ha convertido en una baza política no por efecto de un hecho jurídico-administrativo de consecuencias económicas -es obvio que la distribución de 2.300 megavatios entre una demanda multipolar muy superior, en conjunto suma 30.000 megavatios, originará descontentos y agravios sean quienes sean los solicitantes ganadores y los solicitantes perdedores-, sino porque así fue planteada desde un principio por el ala nacionalista del Gobierno bipartito que preside el socialista Emilio Pérez Touriño.

La batalla mediática, alimentada por personajes muy pagados de sí mismos, es la parte anecdótica que desenfoca y hasta oculta el alcance de una operación estratégica con más horizonte de miras que las disputas regias por el negocio de la tinta y el papel.

Porque la idea que maneja este concurso actúa en clave de política gallega. O, si se prefiere decirlo de otra manera, en clave nacionalista de país. Algo ya perceptible desde el mismo momento en que la Consellería de Industria condicionó las concesiones a la participación pública de la Administración autonómica gallega en los proyectos aprobados.

Políticamente, lo que está haciendo el BNG es impulsar la consolidación de grupos empresariales gallegos emergentes, en un sector doblemente estratégico para Galicia: el energético y, dentro de éste, el subsector de las energías renovables, en el que la producción de la energía eólica es una de las actividades con más futuro por una evolución tecnológica constante y los consiguientes aumentos de la eficiencia registrados en los últimos años.

Y eso se percibe claramente en quienes forman parte de la lista de los concursantes ganadores, más aún si se coteja con la de los concursantes perdedores. Se trata de empresarios más identificados con lo que es Galicia, que no sienten complejos por ser gallegos y revindican sus orígenes y su cultura. Pero también, porque han presentado buenos proyectos: serios, imaginativos, innovadores y vinculados a actividades productivas de gran repercusión en la economía gallega. No se quedan en la fase de transformación de la fuerza del viento en energía eléctrica, sino que ésta la destinarán en parte a producir bienes y servicios en zonas próximas a los parques eólicos.

Lo anterior contrasta con la baja calidad de otras solicitudes, en las que el éxito de las mismas pareciera depender más del nombre que del contenido. También en esto, el empresariado emergente le ha ganado la batalla a la aristocracia empresarial, más en la onda del capitalismo financiero que del productivo y su función social.

A su vez, las conjeturas que ha provocado la decisión de los representantes de las consellerías de Medio Ambiente y Política Territorial de retirarse del jurado, justificada en la imposibilidad de analizar todos los expedientes en el plazo establecido, son política y electoralmente poco rentables para los socialistas, pues están ayudando, sin proponérselo, a reforzar el mensaje de que el concurso eólico es cosa de los nacionalistas. Y eso es lo que está calando en la opinión pública.

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