Es como si todos los valores progresistas y solidarios tuvieran de repente el camino vedado en la financiación autonómica. Siguen vigentes cuando se trata de personas, y nadie osaría discutirlos al hablar de ayuntamientos o de estados europeos. En estos ámbitos, el más necesitado, ya sea individuo, municipio o país comunitario, es el que más derecho tiene a recibir prestación, fondo o ayuda. En las autonomías, el principio es muy distinto.

¿Qué se diría de alguien que propugnara un trato preferente en educación o sanidad para el contribuyente que más aporta? Aquel que menos paga, a la cola en la lista de espera, por detrás del que tributa una cifra cuantiosa, que además podrá reclamar para sus hijos un trato especial en el colegio y un sitio preferente en el transporte público. Se agotaría el lote de adjetivos descalificativos contra los que defendiesen semejante darwinismo social.

Tampoco saldría bien parado el presidente Feijóo si anunciara que la inversión de su Gobierno no se guiará por las necesidades de los municipios, sino por su población, riqueza y aporte fiscal. Los condenados a la condición de parias, renegarían de su pertenencia a una autonomía que los somete a un ERE territorial. ¿Y qué quedaría de la bella idea europea de Schuman, De Gasperi o nuestro Madariaga, si los fondos europeos hubiesen ido a parar a las arcas de Francia o Alemania, en lugar de impulsar el desarrollo español o portugués?

Sin embargo, en materia de financiación autonómica se aplican el ERE y las teorías de Darwin, sin que la reacción sea similar a la que se hubiese dado en las hipótesis de antes. Pero no acaba ahí la sorpresa. Doctrinas sobre la selección natural de los territorios florecen también en países como Bélgica o Italia, con una diferencia notable respecto a lo que ocurre aquí.

Son partidos de extrema derecha de Flandes o Lombardía los que impulsan políticas de esta ralea y escatiman la solidaridad a valones o sicilianos. En España es una Generalitat de izquierda y un Gobierno socialista quienes abanderan una financiación autonómica que, en resumidas cuentas, dará más al que más tiene. En España es una vicepresidenta socialista y gallega la que declara injusto el vigente sistema de asignación por ser demasiado solidario.

En España, en fin, es un presidente socialista el que promete a Cataluña la mejor financiación, mientras se pasea por una grandiosa terminal aeroportuaria, que en el futuro podrá estar conectada con el AVE. Aún así, a pesar de un ejemplo tan gráfico de la pérdida de valores progresistas y solidarios, no faltan voces en Galicia que aceptan el castigo, con el mismo argumento que utilizan algunos personajes de Oliver Twist en torno a la pobreza. El pobre lo es por ser vago. Galicia está así por su grandísima culpa, por no vivir más agrupada, por no procrear y no tener más industrias. A las otras dependencias que el país sufre, se une la ideológica. Aunque esté en recesión, sigue vigente el complejo que impide cuestionar cualquier planteamiento autonómico que llegue procedente del extraño progresismo catalán.

Los pasos que se dan y los gestos que se prodigan son reveladores. Un Gobierno en dificultades saca la financiación del cajón de los asuntos de Estado, para meterlo en el destinado a las contraprestaciones. Con ello, vende el alma de la solidaridad al primer diablo que pueda proporcionarle un poco de oxígeno. Sona la bolsa, y deja de sonar la justicia distributiva.

CLRODRIGUEZ@ELCORREOGALLEGO.ES