Que la Constitución anda griposa lo demostraba hace poco el manifiesto sobre la dignidad catalana. En ese alegato que recuerda al bando del alcalde de Móstoles contra la invasión francesa (¡la patria está en peligro...!) se pone en solfa un principio constitucional básico, sin el cual la forma de Estado es otra.

Es habitual que la Corte Suprema americana o el Tribunal Constitucional alemán, revoquen leyes de los estados. Dicho de otra forma, Baviera o California no hacen lo que les da la gana amparándose en su soberanía, sino que han de ajustarse al dictamen de un órgano que vela por la Constitución. En ambos territorios, sería insólito que alguien viera en eso un atentado contra la dignidad bávara o californiana. Tampoco se entendería que sus gobiernos regionales advirtieran a la Corte, al Tribunal o al país en general, de las malas consecuencias de una sentencia adversa. Semejante conducta se consideraría casi pueril, y en todo caso sería reprobada sin contemplaciones por el presidente o el canciller, como algo contrario al espíritu federal de Estados Unidos y Alemania.

Pero incluso en un tipo de unidad que no alcanza las características del federalismo, sucede algo parecido. No es infrecuente que los órganos de la UE, deroguen disposiciones de los países miembros, o impongan multas por alguna infracción. ¿Se humilla por ello la dignidad austríaca, italiana o española? En absoluto. Como en cualquier otra sociedad, los socios han de acatar su reglamento o abandonarla.

El argumento que subyace a la protesta catalanista es que no hay nada por encima de la voluntad expresada por el Parlament, las Cortes españolas y el pueblo que votó (poco) en el referéndum. No es así. Podría serlo si se reformara la Constitución vigente, pero estando como está, hay un marco al que deben ajustarse leyes y estatutos, como sucede en otros estados organizados de forma similar al nuestro.

No es un tema de dignidad sino de constitucionalidad. ¿Por qué se prefiere el primer concepto al segundo? Porque es más maleable y apela a sentimientos primarios, mientras que los valores constitucionales son más objetivos y menos propicios para la demagogia. No es casual la semejanza entre la proclama de Móstoles y la catalana: ambas son propias del siglo XIX.

Tampoco es azaroso el empeño de ciertos sectores nacionalistas en denigrar al Tribunal Constitucional. Les estorba. Igual que la Corona. Domado el Gobierno central mediante pactos que le impiden reaccionar igual que lo harían Obama o Merkel ante un territorio díscolo, el nacionalismo cuestiona a los dos símbolos que siguen encarnando la unidad del país.

Sin el lazo constitucional que mantiene el TC y el vínculo afectivo de la Monarquía, el catalanismo tendría vía libre para avanzar hacia un nuevo modelo en el que la constitucionalidad sería equivalente a lo que quisiera Cataluña en cada momento. En definitiva, se trata de sustituir al Tribunal Constitucional por la Generalitat, aplicando al conjunto de la política española lo que ya se hizo con la financiación autonómica.

Primero definir el interés singular de Cataluña, para luego convertirlo en ley general y obligar por último a las demás comunidades a que lo acepten. La dignidad del resto de España consiste en acatar, y cualquier protesta contra la imposición de productos políticos manufacturados en el Palau, se considera catalanofobia. Nuestra Constitución tiene gripe.

CLRODRIGUEZ@ELCORREOGALLEGO.ES