La semana pasada comentaba, desde el plano estrictamente general, el decálogo del señor Rajoy para evitar la corrupción. Podría criticar todos sus mandamientos, lo que me llevaría lejos; quede constancia, pues, de dos observaciones, una que se refiere a la falta de memoria y la otra por lo que supone un desconocimiento de la legalidad vigente. En el mandamiento número 1 se habla de fortalecer a los secretarios, interventores y tesoreros. Echemos la vista atrás: el cuerpo de secretarios de administración local, de larga y fructífera duración, fue prácticamente destruido por el Gobierno del Partido Popular, en el que era destacado ministro el señor Rajoy. La ley 57/2003, de 26 de diciembre, con medidas para la modernización del gobierno local, dejó a los secretarios de las ciudades prácticamente sin contenido; su cometido quedó reducido a la Secretaría de los asuntos del Pleno, lo que supone una mortal paradoja, ya que, en un régimen absolutamente presidencialista, el Pleno quedó sin contenido. Por este vaciamiento de competencias y por la libre designación de altos cargos, entraron en las corporaciones asesores de todo tipo, por nombramiento digital del mando político.

En el mandamiento número 8 se hace una confesión de ignorancia de lo que está vigente. Se propone suprimir los cargos electos en los tribunales de oposiciones. ¡Vaya descubrimiento! Esto ya está vigente hace más de dos años. La Ley 7/2007, de 12 de abril, que aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 60.3, prohíbe formar parte de los tribunales de oposiciones "al personal de elección o designación política". Entre la mala memoria y el desconocimiento, el decálogo se nos cae de las manos. Otros puntos del mismo merecerían igual crítica, pero ésta nos llevaría muy lejos y excedería del contexto de un periódico de información general, por respeto al lector, único destinatario de lo escrito.