LOS valores y las cualidades democráticas que se adquieren fundamentalmente en los ámbitos familiares y escolares deben ser objeto de la actividad docente a lo largo de la vida. La participación, la tolerancia, la libertad, la igualdad, el pluralismo o la justicia, por ejemplo, constituyen elementos centrales de la educación cívica propia de la democracia. Por eso, si detectamos fallas, a veces no pequeñas, en el ejercicio real y cotidiano de los valores centrales del régimen democrático no vendría nada mal, todo lo contrario, diseñar un programa de educación cívica acorde con los tiempos en que vivimos. Por eso, tal y como estaba planteada por el Gobierno de Zapatero esta asignatura, estaba condenada al fracaso, como así ha sido con sólo producirse un vuelco electoral de la magnitud del producido el 20-N del año pasado.

Algunos pensábamos que los tiempos del adoctrinamiento oficial habían pasado. Pues no, para los ideólogos y actores del Gobierno anterior se instaló una obsesión por dividir, por reescribir la historia, por inocular ese mal del resentimiento y la revancha que habitaba en algunas mentes, en la educación de los más jóvenes. Para ello, nada mejor que orquestar una asombrosa campaña de adoctrinamiento.

Es intolerable que se haya intentado sustituir a la familia y a la escuela libre a través de la imposición de unos contenidos docentes que, además de contrarios a la libertad, suponían, de nuevo, la vuelta al dirigismo e intervencionismo cultural. A una suerte de pensamiento único que trató de impedir el gusto por el pensamiento libre, que trató de diseñar jóvenes en serie cortados por el patrón de la sumisión y la genuflexión ante el consumismo insolidario dominante.

Por eso es una gran noticia que se haya puesto fin a este atentado tan lacerante a la libertad educativa y a los derechos de los padres en relación con las convicciones desde las que desean que se eduquen a sus hijos. Educación cívica sí, pero en el marco de la Constitución y con la finalidad de que los españoles más jóvenes asuman un mayor compromiso con la libertad y la democracia, también para criticar cuando sea menester la escasa participación que se promueve desde la cúpula o la aprobación de leyes contrarias al más elemental sentido de la razón. Educación cívica para una democracia más exigente y para que la ciudadanía adquiera con más intensidad su posición central en el sistema político. Para que los políticos entiendan mejor, y obren en consecuencia, acerca de su papel en la vida pública. Los políticos son, ni más ni menos, que representantes del pueblo que ejercen por delegación y temporalmente un poder del que deben dar cuenta exacta y rigurosa a los ciudadanos. Si la nueva asignatura sirve para que la vitalidad y el temple democrático del pueblo aumente exponencialmente, entonces bienvenida la educación cívica y constitucional que ha planteado el nuevo Gobierno. Si, por el contrario, se continúa atropellando la centralidad de los seres humanos en beneficio de las tecnoestructuras políticas y financieras, no habrá servido para nada. Así de claro.

Catedrático de Derecho Administrativo