UN magistrado del TS ha soltado en la prensa su parecer sobre la marcha del sumario que se sigue contra el Duque de Palma: si él fuera el instructor, interrogaría a la infanta Doña Cristina. ¡Para que nadie dudara de la imparcialidad de la Justicia!

No es capricho que les pidan a los jueces esmero en la observación de estas dos reglas de prudencia inherentes a su delicado oficio: abstenerse de comentar en plaza pública cuestiones políticas concretas y no interferir en el trabajo de otros jueces de cualquier rango que sean. La primera pretende evitar que el airearlas parezca intrusión en otro poder del Estado, además de mantener a salvo el requisito de la imparcialidad objetiva; la segunda garantiza la independencia intrajurisdicional.

Saltan a la vista las implicaciones políticas del caso Urdangarín, cuyas poco claras actividades benéficas con ánimo de lucro acercan hasta la Casa Real la sospecha de corrupción de la que no se libra ya casi ninguna institución oficial. Las palabras del magistrado podrían sonar a acusación indirecta de trato especial hacia la infanta, a lo que se opone el principio de igualdad ante la Ley. De ahí a imaginar que hubo presiones de muy arriba, no va ni un pasito.

Y también que se compromete la profesionalidad del instructor: si no aprecia indicios bastantes para citar a la esposa y socia del imputado, algunos pensarán que es porque no se atreve con La Zarzuela o algo peor; y si en adelante aparecieran, dirían que cambió de tocata asustado por el bocinazo mediático.

Tiene su aquel que esta metedura de lengua se produzca cuando el gremio ajusta cuentas personales con el Garzón. Consejos vendo, y para nosotros no tengo.

Profesor titular de Latín