Fue Manuel Fraga el presidente autonómico que, en su larga etapa como presidente de la Xunta de Galicia, más se preocupó de reclamar mediante propuestas documentadas que el Estado de las Autonomías fuese dotado de un órgano más de coordinación entre la Administración central y las administraciones autonómicas: la Conferencia de Presidentes. Y aunque el líder conservador no es federalista, probablemente por razones históricas que entroncan con las raíces del pensamiento conservador español, del que él es uno de sus mejores conocedores, su interpretación del modelo está hecha desde una perspectiva federalizante. Pero, objetivamente, mucho más próxima al modelo federal que al de una mera descentralización administrativa.

Tal es así que en numerosas ocasiones el veterano estadista ha dejado constancia de que el reconocimiento del derecho a la autonomía de "las nacionalidades y regiones" recogido en el artículo 2 de la Constitución, supuso, según él, "una oportunidad histórica" para avanzar en la búsqueda de "un racional equilibrio entre cohesión y diversidad", que le permitiera a las comunidades autónomas "encontrar un espacio propio de autogobierno". Significadamente, Fraga subraya que, con ello, "no se trataba simplemente de estructurar una distribución descentralizada del poder, sino de responder, desde los esquemas político-constitucionales actuales, a una problemática que hundía sus raíces en profundas realidades culturales, lingüísticas, geográficas y socioeconómicas".

Aun cuando existe una amplia documentación en la que aparecen recogidos estos planteamientos, una buena síntesis de todas las propuestas que ha hecho don Manuel, sobre un modelo de Estado participado por las comunidades autónomas y en el que están en juego "los principios fundamentales de solidaridad y cohesión entre las partes", se encuentra en su libro Galicia fin de milenio, (Editorial Planeta, Barcelona, 1997).

En dicha obra, queda meridianamente claro que la propuesta de Conferencia de Presidentes forma parte de una visión política del Estado español como Estado compuesto, en el que las comunidades autónomas han de ser partícipes en la formación de la voluntad mayoritaria de aquél, y todo ello reclama una respuesta coherente en cuestiones cuales la reforma del Senado, para convertirlo en auténtica cámara territorial al estilo del Bundesrat alemán, la corresponsabilidad fiscal, la participación en el Consejo Económico y Social, la presencia en los Consejos de Ministros de la Unión Europea y la aplicación del principio de subsidiariedad.

La Conferencia de Presidentes forma parte de una arquitectura autonómica, que Fraga interpreta en perspectiva federalizante. Algo que no asumen algunos presidentes de autonomías gobernados por el PP, que deliberadamente anteponen los intereses de partido, y peor aún, sus intereses personales, al de los ciudadanos de las comunidades que representan. La mejor manera de que la cosa no se quede en una fotografía no es boicoteando una institución que sólo cobrará entidad y prestigio con su uso. Es que, además, los gobernantes autonómicos no pueden tratar el problema del paro como si no fuera con ellos, pues la mayoría de las políticas de empleo dependen de lo que ellos decidan y de sus prioridades presupuestarias.

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