El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha dado luz verde al nuevo modelo de financiación, y lo ha hecho sin ningún voto en contra, pese a que la presidenta de la Comunidad de Madrid había anunciado pocas horas antes que lo rechazaría. Al final, Mariano Rajoy impuso la lógica de la coherencia del partido frente a lógica de que cada comunidad autónoma decida su voto en función de cómo le vayan las cosas en la asignación de los recursos a distribuir.

Pasada esta primera fase, en la que la catalanofobia se ha disparado en la escala de Ritcher hasta alcanzar valores propios de un gran seísmo en ese segmento ideológico donde abunda un discurso de cariz secesionista, por su empeño en clamar porque España se independice de Cataluña -lo que no deja de ser una de las paradojas del casticismo centralista-, ha llegado el momento de redondear las cifras en el marco de las reuniones bilaterales entre los gobiernos de cada comunidad autónoma y el Gobierno central.

Aunque todavía faltan por concretar los números, y unos y otros han evitado explicitarlos de forma clara, a fin de conservar un margen de maniobra con el que poder justificar a posteriori las posiciones políticas mantenidas en la negociación, el nuevo modelo supone un avance importante, respecto a los anteriores, en dos aspectos fundamentales que refuerzan el Estado autonómico.

Uno. El grado de autonomía financiera se sitúa en la cesión del 50 por ciento del IVA y del IRP, las dos grandes patas del sistema fiscal. Obviamente, ese porcentaje no garantiza el mismo nivel de autosuficiencia financiera para todas las comunidades autónomas, pues sobre el papel favorece a las que presentan un mayor dinamismo económico.

Aunque aparentemente las comunidades más ricas serán las más beneficiadas, en los últimos años Galicia mantuvo un ritmo de crecimiento del PIB superior a comunidades como Madrid, Cataluña y Valencia, y ese crecimiento tuvo un similar reflejo en la recaudación de impuestos. La economía gallega ha entrado en recesión en 2009, pero la caída del PIB y del empleo está siendo más suave que en otras partes de España, por lo que comparativamente los efectos negativos sobre la recaudación fiscal serán menores que en otras comunidades.

Dos. El nuevo modelo de financiación mejora los mecanismos de solidaridad en los servicios básicos del Estado del bienestar, al reunir en un mismo fondo sanidad, educación y servicios sociales. Y si bien es verdad que el peso de la dispersión de la población en los criterios que determinan la función de reparto es menor que el propuesto por la Xunta, el aumento en 64 millones de euros por ese concepto, de ser cierto, mejoraría la oferta inicial del Ministerio de Economía y situaría el montante total que percibiría Galicia en financiación adicional en 654 millones. Pero el hecho de que el Ministerio no haya confirmado esa mejora genera dudas sobre el resultado final de la negociación.

Esto es lo que hay, independientemente de los sesgos partidistas con los que puedan ser manejadas la cifras. Posiblemente no estamos ante el peor de los escenarios posibles, pero poco sentido tiene analizar lo que le corresponde a Galicia sobre datos que todavía no han sido concretados oficialmente, y sobre los que existen diferencias estadísticas que deben ser revisadas conjuntamente.

 LPOUSA@ELCORREOGALLEGO.ES