EL ENCARGO de redactar la ponencia del recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto pone al magistrado Ollero en un compromiso. Algunos temen que su conocida hostilidad a la norma le juegue una mala pasada. En principio, no parece que unas opiniones expresadas en calidad de ciudadano antes de entrar en el TC habrían de ser motivo suficiente para dudar de su imparcialidad y exigirle que se abstenga. Hacerlo supone dar por sentado que la mayoría de los magistrados aprobarían sin más el texto de una sentencia que no se apoyara en argumentos jurídicos sostenibles. Tanta desconfianza no está justificada.

Pero hay un hecho que complica la cosa: el ahora alto togado fue parlamentario por las siglas que han presentado dicho recurso; y por muy firme que sea su voluntad de superar este condicionante subjetivo, malamente podríamos quedar certificados de que sus decisiones en un asunto tan politizado nada tuvieron que ver las preferencias y lealtades partidarias. No es fácil que los jueces las dejen en la taquilla.

Ganaría claridad el procedimiento y prestigio el TC, si el magistrado en cuestión renunciara por iniciativa propia a ser ponente. De añadidura, se sentaría un principio que deberían de conocer y observar todos los que andan en la vida pública: las convicciones morales íntimas no se imponen por ley.

O mejor aun, que se apartara del todo alegando que no puede ser obligado a participar en la sanción de una ley que repugna a su conciencia. Un toquito de coherencia.