El Correo Gallego

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JOSÉ ANTONIO PENA BEIROA

Consumidores somos todos

13.02.2018 
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HACE ya 56 años que el presidente Kennedy, en su discurso al Congreso de USA del 15 de marzo de 1962, pronunció la frase "consumidores somos todos", reconociendo la responsabilidad del Estado en el ejercicio de los derechos de los consumidores a la seguridad, la información, a elegir y a ser oídos. Un ejemplo fue la adopción de medidas como la de "contribuir a asegurar una más adecuada protección a los ahorros que los consumidores prudentes guardan para la adquisición de bienes caros, para el día de la tormenta, para la educación de sus hijos, o para hacer frente a sus necesidades en la jubilación". No cabe duda que en este país, tras las nefastas experiencias de preferentes, etc., se trataría de medidas de rabiosa actualidad y pendientes de resolución más de medio siglo después.

En nuestra Constitución la protección de los consumidores, que debe operar para limitar los abusos y excesos del modelo de economía de mercado y de libertad de empresa, se encuadra dentro del Título I De los derechos fundamentales, inspirándose en los textos de la Constitución de Portugal de 1976; la Carta de Protección de los Consumidores, aprobado por la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa en 1973; o el informe publicado por la OCDE en 1972 sobre la política de protección a los consumidores en los Estados miembros de dicha organización.

Sin embargo fue ubicada en su Capítulo 3.º De los principios rectores de la política social y económica, principios, que no derechos, lo que implica una fragmentación de los derechos fundamentales de las personas privilegiando los derechos individuales frente a los derechos sociales, los que podrán ser eficaces, o no, dependiendo del contenido de las leyes que los desarrollen.

Que sean desarrollados por leyes, no orgánicas, significa que con mayoría simple queda en manos del Gobierno de turno su protección, y por lo tanto, "sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen", frente a la máxima protección jurídica de los derechos individuales, que gozan de la posibilidad de interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Por el contrario, la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, aprobada en Niza en el año 2000 y vinculante para todos los estados miembros, sí incluye en su Capítulo IV -Solidaridad- la protección de los consumidores con rango de igualdad al resto de derechos fundamentales de las personas. Parece una incoherencia que en un Estado miembro de la Unión Europea no se haya procedido a dicha igualdad de rango de los derechos sociales, una prueba más de que la Constitución del 78 merece un repaso.

Economista