El Correo Gallego

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JOSÉ MANUEL ESTÉVEZ-SAÁ

Felipe VI y la obligada legalidad

07.10.2017 
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FELIPE VI, al igual que hiciera Juan Carlos I, ha tomado el timón para corregir una deriva nacionalista advertida desde hace meses. Su alocución avala lo aconsejado: la articulación y puesta en marcha del marco legal vigente para resolver los despropósitos de nuestro nordeste peninsular. Así lo propusimos hace ocho meses en una columna premonitoria titulada Así nos quedaremos sin Cataluña (ECG, 13/02/2017). Decíamos entonces que cualquier planteamiento que evidenciase "dejación de funciones de los poderes establecidos conforme a la Ley" no haría más que favorecer o incurrir en el "incumplimiento de los preceptos señalados por la Constitución".

Citábamos artículos como el 1, que habla de una soberanía nacional que reside en todo el pueblo español; el 2, que nos recuerda la indisoluble unidad de una Nación que es patria común e indivisible de todos los españoles; el 8, que advierte del deber de las Fuerzas Armadas de defender la integridad territorial de España y su ordenamiento constitucional; o el 155, que permite al Gobierno adoptar las medidas necesarias para que las comunidades autónomas cumplan sus obligaciones.

Incluso invocamos el marco jurídico Internacional "que desautoriza sediciones y secesiones", las resoluciones de la ONU "contrarias a las desintegraciones nacionales", o el Tratado de la UE que, en su artículo 4.2, avala las acciones que garanticen la integridad territorial de los Estados. También la Ley de Seguridad Nacional, el artículo 92 de la Ley Orgánica 15/2015 de reforma del Tribunal Constitucional, y el Código Penal (art. 544 y ss., y 472 y ss.), son textos de referencia obligada.

De ahí mi insistencia en "prevenir delitos de sedición" (y rebelión). Y de ahí el modo en que nuestro monarca denuncia "la vulneración sistemática de las normas legales", la "deslealtad inadmisible", el quebrantamiento de los "principios democráticos", y el socavamiento de "la armonía y la convivencia". Felipe VI abandera a nuestro Estado de Derecho en la defensa de la Carta Magna y del propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, reconociendo ese autogobierno susceptible de ser reivindicado desde la legalidad, como acertadamente nos enseñó nuestro primer presidente de la Xunta en su Discurso de Investidura de 1982.

Don Gerardo Fernández Albor defendía "un nivel de autogobierno tan profundo como la Constitución y el Estatuto lo permitan"; eso sí, desde un marco de cooperación y fidelidad a esa Corona que es símbolo de "la unidad y permanencia del Estado Constitucional". Hoy su Majestad retoma el camino que emprendieron nuestros mandatarios egregios y tantos otros que recuerdan que más del 90 % de los catalanes que optaron por votar en la Transición, lo hicieron a favor de una Constitución del 78 en la que se sentían plenamente representados.

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