Primero se nos dijo que la Lei de Caixas era independiente de la pretensión de fusionar Caixanova y Caixa Galicia. Pero ya durante el trámite parlamentario fue todo un espectáculo ver las filigranas y contorsiones que tenía que hacer el Ejecutivo autonómico para negar lo evidente, hasta que un día la conselleira de Hacienda no pudo soportar por más tiempo el paripé y lo dijo alto y claro: "La Xunta apuesta por una caja solvente, eficiente y vinculada a la población".

Pues eso. Y por eso, los mismos que antes negaban la mayor, ahora nos gritan que sin esa Lei de Caixas no ha lugar a la fusión. Pues, de nuevo, y ya van varias del mismo percal, no dicen la verdad. La convergencia de la dos cajas gallegas podía haberse dado con cualquiera de las leyes anteriores, pues de hecho así pasó con la unión de Caixa Vigo, Caixa Ourense y Caja Pontevedra.

Partiendo de esa premisa, se resquebraja la conjetura, -pues los juicios de intenciones no dan para construir la hipótesis- de que es pretensión del Gobierno central impedir la fusión de la cajas gallegas con el fin de arrebatarle a Galicia un instrumento financiero, indispensable para consolidar su autogobierno y propiciar el desarrollo económico.

Es falso. No va de eso. Si el Gobierno ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional la Lei de Caixas, previo informe del Consejo de Estado, es porque esa norma no respeta las competencias del Banco de España, en cuestiones como la autorización de la SIP y el permiso para financiarse en el FROB; e incumple requisitos procedimentales básicos como que la decisión de fusionarse, que conlleva la desaparición jurídica de esa entidad, deba ser aprobada por los dos tercios de la asamblea, siempre que ésta r­euna a más del 50 por ciento de sus miembros, o que el principio de proporcionalidad en relación a los depósitos sea aplicable a todos los representantes y no únicamente a impositores y corporaciones locales.

En cuanto a la supuesta discriminación respeto a Andalucía y Cataluña, no hay tal. Las respectivas leyes autonómicas de las cajas andaluzas y catalanas son anteriores a la Ley estatal de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro, por tanto sus textos aún no están adaptados, pero serán adaptados, les guste más o les guste menos. La Lei de Caixas es posterior a la Lorca, y Xunta, PP y BNG confeccionaron un texto a sabiendas de que incumple algunos artículos de una norma estatal de rango superior.

Esa es la cuestión. No hay ningún agravio comparativo con Cataluña y Andalucía. Y, en todo caso, la solución es fácil, pues basta con llegar a un acuerdo entre la Xunta y el Gobierno central, sobre los términos en que debe reajustarse la ley gallega a Lorca, para que el recurso ante el TC no siga adelante.

Otra cosa, y bien distinta, es que el Ejecutivo gallego quiera utilizar eso como motivo de confrontación política con los socialistas, pero diga lo que se diga, la fusión de Caixa Galicia y Caixanova depende en primer término de que las asambleas de ambas entidades le den su consentimiento. Sin ese requisito, lo demás es fantasía y politiqueo.

La galleguidad no queda garantizada con la radicación. La galleguidad no es que el poder político y unos cuantos empresarios afines puedan mangonear una entidad de ahorro a su antojo; sin oportunidades iguales para todos no hay galleguidad posible.

LPOUSA@ELCORREOGALLEGO.ES