Al final empieza a salir a la luz lo que se está gestando en los camerinos de la política española. Allí donde se maquillan y desmaquillan, se desnudan y se visten y se vuelven a desnudar y a vestir los grandes actores de la política española. Y uno de los tejemanejes en el que andan más liados y obtusos sus señorías es en la reestructuración del mapa financiero, lo que atañe en mucho, si no en casi todo, a las cajas de ahorros.

Gracias a Cristóbal Montoro y Álvaro Nadal hemos sabido que los populares tienen una postura sobre la reordenación del mapa español de cajas, que se disfraza con un lenguaje belicoso de dura contienda política con los socialistas cuando el escenario se traslada del centro a la periferia, pero que más allá de los gritos entre adversarios están los susurros cómplices.

El pasado 8 de febrero, el portavoz de Economía del PP consideraba aceptable que la Xunta impulse la fusión de Caixa Galicia y Caixanova y se oponga a acuerdos de éstas con otras entidades foráneas bajo la fórmula del Sistema Institucional de Pro­tección (SIP), también conocido como fusión fría. Apenas un mes después, el mismo señor Montoro que viste y calza propone, en nombre de su partido -el que preside Mariano Rajoy y de cuya comisión ejecutiva forma parte Alberto Núñez Feijóo- un mapa de "cajas nacionales que sean fruto de fusiones de varias comunidades". En coherencia con esa postura, los populares apuestan por eliminar el veto autonómico y que la supervisión de ese nuevo tipo de cajas dependa de organismos públicos estatales. Y cuestión no menos importante, abren la puerta a su privatización mediante cuotas participativas y otras fórmulas de propiedad.

En otras palabras, ya no es sólo el secretario de Estado Gaspar Zarrías, ni parece que tenga mucho que ver en ello esa extraña asociación que algunos hacen con su origen andaluz -en realidad él nació en Madrid, aunque su familia procede de Jaén-, quien discrepa de la ley gallega de cajas impulsada por Feijóo, sino el PP en un documento escrito. Ahí hay una clara contradicción política entre dos posiciones dispares, por no decir antitéticas, en lo que se corresponde al modelo de cajas que propugnan una y otra.

Reformada o no, la nueva ley gallega de cajas pronto acabará siendo superada por un contexto político, administrativo, jurídico y, de resultas, financiero, en el que los supuestos blindajes contra las fusiones extracomunitarias y la propiedad de las entidades resultarán papel mojado.

Es en ese escenario y no en el actual, marcado por la provisionalidad, donde se verificará la bondad de la estrategia que viene siguiendo el Gobierno gallego para imponer la fusión de Caixa Galicia y Caixanova. No vaya a ser que, al final, tanto esfuerzo y desespero únicamente sirvan para hacerle el trabajo sucio (recortar empleos y oficinas) a otros.

En todo este barullo hay mucho voluntarismo y personalismo, pero una clamorosa falta de visión, información y tacto en lo que se refiere a las líneas maestras que marcarán el diseño de la nueva cartografía del ahorro en el mercado financiero español. En ese caso, el terreno de juego ya no será la comunidad autónoma, sino ámbitos más grandes que imponen otras alianzas estratégicas de mayor fuste. Y es ahí donde hay que posicionarse lo antes y mejor posible.