Programa del Partido Popular: El PP establece que existirá una única Consellería que integrará las competencias en materia de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente. Esta solución, inicialmente, parece la más idónea para agilizar todos los procesos que afectan a la gestión del territorio ya que se establece una única jerarquía en el tratamiento de estas cuestiones.

Planes de Ordenación Urbana: No hay duda que la actividad promotora tiene que estar bien regulada, que hace falta planificar convenientemente el suelo y el espacio, que es preciso evitar abusos y eliminar la corrupción, pero lo que no es bueno es la falta de un criterio uniforme y estable en el urbanismo. Desde 1990 en España y en Galicia desde 2002, se ha producido una maraña de disposiciones en esta materia que ha provocado una gran inseguridad jurídica. Por ejemplo, la Ley urbanística gallega de 2002, elaborada bajo un gobierno popular, ha sufrido ya tres modificaciones, sin que ninguna de ellas realmente hubiera mejorado la ordenación urbana. El Partido de Núñez Feijoo fija, entre otras cosas, un plazo máximo de tres años para redactar un plan general de ordenación urbana y sobrepasado este tiempo, será la Xunta quien pueda subrogarse en la facultad de continuar el proceso. Lo cierto es que incluso ese plazo de tres años es realmente excesivo. Aunque es verdad que el PP prevé implantar un único informe autonómico para todos los documentos de planeamiento, sin embargo, la gran cantidad de documentación necesaria y la farrogosidad de la Ley de 2002, dificultan que la elaboración de un plan general pueda ser inferior a esos tres años. La solución es sencilla: modificar la citada norma de 2002 estableciendo fórmulas más fáciles de gestión. De todas formas, no vendría nada mal que todos los partidos políticos se sentaran con los representantes del sector y que entre todos fijaran unos criterios duraderos que nos permitieran dejar de hablar permanentemente del mundo del ladrillo.

Ley de medidas urgentes de ordenación del litoral: El próximo 17 de mayo se cumple el plazo de dos años para levantar la suspensión del planeamiento y licencias en la zona litoral. El nuevo gobierno deberá decidir que hacer. Desde estas páginas, en su día, ya criticamos la oportunidad de esta norma por ser excesivamente generalista. No cabe duda que la costa debe ser convenientemente protegida, pero la solución no pasa por adoptar medidas indiscriminadas. En el Programa del PP se afirma que las directrices de Ordenación del Territorio y el Plan del Litoral serán aprobados en seis meses, que es un tiempo bastante razonable. Sin embargo, sería adecuado que el 17 de mayo se eliminara, al menos parcialmente, la suspensión y ello en función de las necesidades de cada Ayuntamiento o en base a varios criterios objetivos que concretaran las restricciones. Sorprendentemente, la medida adoptada por el bipartito tuvo un efecto beneficioso: impidió el inicio de construcciones que, probablemente hoy estarían sin vender, por lo que minimizó la crisis en el sector de la vivienda. Ahora es el momento de facilitar la labor de los promotores, levantando esa limitación que a pocos convenció. En cualquier caso, tampoco se pueden permitir edificaciones aleatoriamente, pues es básico proteger el territorio y el paisaje.

Normas de hábitat: Ha sido probablemente la norma urbanística más ilógica de los últimos tiempos. Carecía de sentido, en primer lugar porque ya el Código Técnico de la Edificación de 2006 recogía una regulación más que satisfactoria sobre la construcción y habitabilidad de las viviendas y, además, porque supone un gran encarecimiento en el coste de la edificación que al final se repercute en el consumidor comprador. Es de esperar que el nuevo gobierno proceda a su derogación.

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