H ace unas semanas el CIS apuntaba a la política, sobre todo a los políticos, como la segunda de sus preocupaciones colectivas. Ahora, la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión de Cataluña, igualmente, muestra que, tras el paro, la actividad política y los políticos son el segundo motivo de inquietud para los ciudadanos catalanes. Desde luego, a juzgar por el elevado número de casos de corrupción que está aflorando en los últimos tiempos, parece razonable que la ciudadanía empiece a manifestar su descontento frente al trabajo de un colectivo de personas que bien haría en reflexionar sobre los resultados de estos sondeos.

La encuesta del Centro de Estudios de Opinión de Cataluña refleja que la insatisfacción ciudadana ante la tarea de los políticos ha pasado sólo en un año de la undécima posición en las preocupaciones de los catalanes al segundo lugar en 2009. Es decir, aumenta 22 puntos. Tal opinión, de ser correcta, demostraría que de alguna manera a los políticos se les considera responsables de la situación de crisis económica.

La encuesta también muestra que los catalanes, el 52%, entienden que la responsabilidad de la corrupción es, sobre todo, del Gobierno autonómico y de los gobiernos locales. En cambio, al Gobierno general sólo el 23 % de la población encuestada le atribuye la culpa del nivel de corrupción existente en Cataluña.

Con la cautela con la que hay que pronunciar ante una encuesta, lo que sí se puede concluir es que la actividad de los políticos en los últimos tiempos es censurada por la población en general. En una situación de crisis con tantos cientos de miles de parados, no es razonable que el personal al servicio de la Administración pública siga creciendo como lo hace. En una situación como la que vivimos no es razonable que las pensiones de los diputados que hayan estado siete años en el Parlamento sean las más altas. En una situación como la que atravesamos, no es razonable que el número de asesores, personal de confianza, de gabinete y contratados de los partidos políticos sea el que es. En una situación tan dura como la que sufrimos no es de recibo que el grado de corrupción en los contratos públicos sea el que todos sabemos que es.

En fin, también en este punto, como en otros, como la justicia o el paro, es menester que se produzca un cambio sustancial. El pueblo me parece que lo está reclamando. Las cosas ya no pueden ser como eran antes de la crisis. Precisamos un gran pacto que saque a este país del desprestigio económico, que mejore el sistema político, que regenere la vida política, que asegure la democracia real en las estructuras partidarias, que articule un sistema educativo serio, que estabilice el funcionamiento del Estado autonómico?

El problema es que muchos de los que debieran presidir este gran acuerdo nacional tendrán que renunciar a prebendas y prerrogativas sin cuento, y eso no todos son capaces de asumirlo. Sin embargo, hay momentos, este es uno de ellos desde luego, en los que los políticos debieran anteponer el interés general del conjunto al de su parte. Nunca es tarde para solucionar los problemas a través del diálogo siempre que la mirada se concentre en resolver el problema, no en cómo sacar partido de la situación. Algo, lamentablemente, todavía bastante frecuente por estos lares. Al menos así lo reflejaba días atrás una diputada del Congreso cuando se oponía a la reducción de altos cargos solicitada por diversos grupos parlamentarios argumentando que la reducción de los altos cargos lesionaba la dimensión institucional de la democracia. ¿Es que mantener los privilegios, las prebendas, las prerrogativas, más en tiempos de crisis, es atacar a la democracia?