P ensar que los debates lingüísticos que se producen en Galicia son importados, será sin duda algo tranquilizador para muchos. Si así fuera, todo se reduciría a la presencia entre nosotros de un puñado de quintacolumnistas, a sueldo ideológico del oro de Madrid. Bastaría con detectar sus escondrijos y denunciarlos para restablecer el sosiego idiomático original.

Sin embargo la realidad no es tan sencilla, y para demostrarlo podríamos recurrir al organismo que con más empeño defiende la causa normalizadora. Con admirable tenacidad, la Mesa pone sobre la misma casos espeluznantes de menosprecio al gallego en tiendas, hospitales, fábricas, centros de enseñanza o despachos oficiales.

¿De dónde son los infractores? Son del país, tan gallegos al menos como los mesócratas que los ponen pingando en sus sentencias. Tan gallegos como los que suscriben los manifiestos de Galicia Bilingüe, o los que más discretamente discrepan de la forma en que se aplica la normalización en determinados ámbitos sociales. Empeñarse en que cualquier discrepancia tiene un origen exterior, es un error, uno más de los que acumula nuestra política lingüística.

Esa equivocación procede de otra, consistente en pensar que los diferentes pasos que se han ido dando en este terreno, contaban con el masivo entusiasmo popular. No es así. Hubo mucho de indiferencia, bastante resignación y hasta dosis de hipocresía. En este terreno hubo menos autodeterminación que despotismo ilustrado.

¿Qué no? Expliquemos entonces por qué el ritmo normalizador es distinto en la educación y en el cine, las librerías o la misma calle. Allí dónde el ciudadano opta, la normalización tiene otra cadencia. Las encuestas autóctonas, algunas mesiánicas, insisten en que el gallego pierde hablantes entre los jóvenes que ya han sido escolarizados en o con el gallego. ¿Los acusaremos también a ellos de estar abducidos?

Otra cuestión es que algunos políticos, medios o entidades de la capital de España quieran explotar los conflictos lingüísticos, metiendo además en el mismo saco a realidades idiomáticas tan dispares como Cataluña, Euskadi y Galicia. Que se equivoquen en sus diagnósticos y tratamientos, no quiere decir que aquí no haya problemas. Que exageren a propósito, no obliga a cerrar filas aquí y considerar apestado a todo el que ose discrepar con la galleguización.

En este tema no se puede funcionar con tabúes, y por desgracia, en la reacción que algunos tienen ante cualquier cosa que afecte a la lengua, late el horror del dogmático frente al hereje. Pensar que el castellano es en Galicia un idioma primero invasor, después intruso y ahora sospechoso, forma parte de esos dogmas instalados en nuestra cultura política; igual que el pasado celta, aunque el celtismo carece de trascendencia cotidiana, y la lengua tiene mucha.

No hay que temer al debate, ni tratar de enterrarlo con la idea de que sólo se trata del eco que produce a seiscientos kilómetros el tan-tan de Madrid. Hay gallegos que no están de acuerdo y tienen todo el derecho del mundo a decirlo, sin acosos de ningún tipo. Mal país estaríamos construyendo si la Mesa susodicha gozara de las bendiciones oficiales, y Galicia Bilingüe tuviera que sumirse en la semi-clandestinidad.

Los descontentos están dentro, son galegos coma tí, y el enésimo error sería acorralarlos como traidores a la patria, en vez de intentar convencerlos, en lugar de preguntarse qué está fallando en la normalización. Claro que esto es otro tabú.