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PILAR CERNUDA

Nueva decepción judicial

17.05.2018 
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SE ponga como se ponga el ministro Catalá con su defensa de la Justicia española, y se ponga como se ponga Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, que también defiende el funcionamiento de la Justicia aunque discrepe de Catalá por su crítica a un juez del caso Manada, se acumulan las decisiones que provocan un incomodidad absoluta respecto a actuaciones judiciales. La última, que un tribunal belga acaba de negar la extradición a los exconsejeros catalanes por un defecto de forma en la redacción de la euro orden que cursó el juez Llarena. Decisión sobre la que no cabe recurso, solo redactar una nueva euro orden que el juez Larena deberá tener cuidado en redactar sin un solo error que pueda ser utilizado para volver a rechazarla. El Supremo español alega "esencia de compromiso" de los belgas. Pero no se puede pedir peras al olmo cuando al olmo, lo saben los jueces españoles, les gusta la música independentista.

La justicia belga ha dado muestras de simpatía hacia el prófugo de la justicia española, por tanto las iniciativas de jueces y fiscales españoles deben tramitarse sin dejar un solo resquicio para la interpretación interesada de tribunales belgas, o de cualquier otro país, que permitan que los sediciosos catalanes se paseen por Europa con la prepotencia de quienes han visto cómo caían varapalos a los jueces españoles que intentan hacerles comparecer ante tribunales de nuestro país.

Coincide la decisión del tribunal belga con la noticia de que un juzgado de instrucción de Mallorca ha imputado, por mentir, al perito que informó sobre el caso Palma Arena, lo que podría evitar que Urdangarin vaya a la cárcel, como piden jueces y fiscales. Es lo que faltaba, que a pocos días de que se conozca la resolución definitiva sobre la situación Urdangarin, sobre la que se cruzan apuestas porque un porcentaje alto de españoles está convencido de que se maniobrará desde las alturas para impedir que se convierta en preso, surjan dudas sobre un peritaje cuya veracidad se tendría que haber confirmado hace tiempo.

Una vez más, se dan razones sobradas para pensar que los pecados de la justicia española no se deben solo a la falta de medios, sino que además hay jueces que no están muy finos en la necesidad de garantizar el máximo rigor en sus procedimientos.

A todo ello se suma que en esta España políticamente judicializada es un secreto a voces que los jueces Llarena y Lamela no siempre coinciden en sus apreciaciones sobre las maniobras independenatistas catalanas, también se sabe de las discrepancias entre Montoro y Llarena por los documentos que probarían que el gobierno de Puigdemont falseó facturas, y son habituales los comentarios habituales de jueces y fiscales en los que expresan sudas sobre cómo se están gestionando judicialmente las euro órdenes.

No son buenos tiempos para la credibilidad de la Justicia española. Lo que es muy muy preocupante.

Periodista