Estará de acuerdo conmigo en que malos augurios puede tener un acusado que se apellida Calamita. Lo más normal es que se cierna sobre él algún infortunio rocambolesco. Si encima es juez y su actuación ha dilatado un proceso de adopción de un homosexual, entonces puede darse por jodido.

Fernando Calamita ha sido condenado por el Tribunal Superior de Murcia a dos años de inhabilitación para cargo público y al pago de una indemnización de 6.000 euros. La sentencia dice que el magistrado retrasó "de forma maliciosa" la adopción de una menor que había solicitado la compañera sentimental de la madre biológica. La condena aprecia el agravante de desprecio a la orientación sexual de la adoptante.

Llama la atención que la sentencia entre a juzgar las intenciones de Calamita, no tanto su proceder jurídico. Le condena porque no cree justificado que dilatara el proceso pidiendo varios informes psicológicos sobre la repercusión de la adopción en la menor. Calamita, juez de Familia, tenía sus dudas, como las tienen cientos de psicólogos de todo el mundo ante un asunto controvertido. Sabía, además, que nadie tiene derecho a adoptar, sea del sexo que sea; es el niño quien tiene derecho a ser adoptado.

Pero es bien sabido que la corriente de opinión fomentada por algunos lobby gays no admite discrepancias. Es tal la presión que ejercen en políticos, jueces, periodistas, etc, que era más que predecible el linchamiento de Calamita.

Es intolerable que un homosexual sea considerado ciudadano de segunda, que aún haya 85 países donde esa tendencia está penalizada. Pero es intolerable también el chantaje ideológico infumable de quienes pretenden hacernos tontos, que pasemos de aceptar la diferencia a tragar con que no existe.