POCOS días después de que el presidente Rajoy fuese "cazado" por los micrófonos contándole a su homólogo finlandés que la nueva reforma laboral que preparaba su Gobierno le iba a costar "una huelga general" (sic), le ha pasado otro tanto y en el mismo escenario, Bruselas, al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, aunque su confidente haya sido en su caso el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn.

Admitido que la curiosidad es una cualidad innata del periodista, poca importancia tiene, y menos cuando los hechos ya han desplazado a los pronósticos, discutir si las conversaciones captadas responden o no a una estrategia informativa premeditada.

En cambio, no es una anécdota constatar la escasa autonomía de decisión de que dispone el Gobierno español a la hora de fijar su estrategia para salir de la crisis. Su dependencia de Berlín, Fráncfort y Bruselas es casi absoluta, independientemente de que en la interpretación y fijación de los problemas y las estrategias elegidas para afrontarlos haya una coincidencia muy alta entre ambas partes. A fin de cuentas, todos ellos militan en el campo del centro derecha.

En realidad, la nueva reforma laboral decretada por el Gobierno popular no depara sorpresas, salvo para aquellos que no hayan seguido los pronunciamientos anteriores de sus más destacados representantes. Además de en el programa electoral del PP, los trazos de esta reforma están anticipados y fueron ampliamente explicitados en los medios de comunicación.

Pongamos un ejemplo. El domingo 27 de marzo de 2011, Luis de Guindos escribía en su columna semanal en el periódico El Mundo: "En España, la negociación colectiva tiene una importancia relevante a la hora de fijar las condiciones laborales en el sector privado". Y añadía, "la transformación del sistema de negociación colectiva es sin duda la principal reforma pendiente de la economía española".

En consecuencia, lo que se debía hacer era otorgarle " prevalencia a la negociación en las empresas frente a los acuerdos de ámbito superior, y evitar la petrificación de los convenios a través de la modificación de la regla de la ultraactividad".

De Guindos interpretaba que lo que exigía Alemania "a cambio de la ampliación y flexibilización del fondo de rescate" era una reforma que llevase "a que nuestros costes laborales unitarios se ajusten a los de nuestros competidores como consecuencia de una evolución salarial adecuada y no a través de la destrucción masiva de empleo".

Queda claro que con esta reforma se pretende que la creación de empleo pivote sobre la productividad y la competitividad, y la mejora de la productividad se circunscribe totalmente a la rebaja de los costes laborales mediante la reducción de los salarios y de las indemnizaciones por despido.

Aun así, no garantiza que a corto plazo genere empleo. El propio Rajoy anunció en el Congreso que este año seguirá aumentando el paro hasta situarse en 5,8 millones.