EL Gobierno quiere restringir las salarios de la cúpula directiva de las entidades financieras que reciben ayudas públicas, concretamente a 600.000 euros como máximo, y de aquellas que han sido intervenidas por el Estado (300.000 euros). La idea, con ser positiva, se queda muy pero que muy corta. No es de recibo que directivos que han contribuido a hundir sus corporaciones sigan percibiendo tales emolumentos, pagados además con el dinero de todos. Mientras, los sectores productivos y las familias seguirán a velas vir.