El Gobierno ha abierto una puerta más al debate en la sociedad. Ahora con algo tan controvertido como la defensa de los derechos de los autores y creadores frente al pirateo de que están siendo objeto de forma constante en la Red. Pero en esta ocasión, el incendio ha sido casi inmediato, una vez se supo que el Ministerio de Cultura había incluido, en un borrador del anteproyecto de ley sobre la economía sostenible, una disposición final para salvaguardar la propiedad intelectual, en la que se contempla la posibilidad de que una comisión pueda cerrar, sin orden judicial previa, las páginas web que ofrezcan el acceso a archivos protegidos por la propiedad intelectual.

Con la velocidad que el medio permite, cientos de miles de internautas se han conjurado para rechazar todos a una esa disposición final, bajo el argumento de que cercena los derechos a la libertad de expresión y de información. Y no menos raudo que los internautas ha estado el vicesecretario general de Comunicación del PP, para advertir que la suspensión de las páginas que faciliten el pirateo es equivalente al "secuestro informativo" de un medio de comunicación y supone "restaurar la censura". Ahí es nada.

Por lo demás, sorprende la escasa importancia que Esteban González Pons le concede a la violación de la propiedad intelectual. Aunque bien mirado, e independientemente del oportunismo y la demagogia con que el dirigente popular intenta abrir una brecha en uno de la caladeros electorales de los socialistas, esas declaraciones forman parte del más absoluto cinismo con que es analizado el uso de la Red, donde todo es posible, desde comerciar con todo lo que a su paso encuentre por el medio hasta ser la gran república de un nuevo anarquismo libertario.

Pero antes de continuar, convendría advertirle al Gobierno que la rapidez de actuación no es razón suficiente para que en este caso no sigan primando los criterios garantistas que vienen aplicando hasta ahora en la mayoría de sus actuaciones, incluidas las correspondientes al caso del secuestro del Alakrana. Por su propio bien, sería bueno que no fuese cierto que el incendio en la Red fue provocado por una filtración del Ministerio de Industria, como consecuencia de la lucha soterrada que mantiene con el Ministerio de Cultura por el conflicto de intereses entre los operadores y los autores.

En el mundo de los internautas hay en juego muchos intereses que no son precisamente un ejemplo de república libertaria. Internet es una muy transitada autopista en la que, además de gentes honestas, abundan traficantes sin escrúpulos, piratas de todo y corsarios con sus correspondientes patentes, además de salteadores. ¡Qué sarcasmo!

Lisbeth Salander, esa chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, vive a cuenta de vulnerar los correos electrónicos de aquellas personas que están siendo investigadas por el despacho de abogados para el que trabaja. Y el lado bueno de la historia es que su formación de hacker le permite ser una impagable ayuda para el honesto periodista de investigación Mikael Blomkvist.

Está bien que los internautas y González Pons sitúen por encima la presunción de inocencia, pero también deberían clamar contra la violación sistemática y programática que se hace de lo privado a través de Internet por puro y duro negocio. Es asfixiante.

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