Lo decisivo no es el debate sobre el estado en que se encuentra la autonomía de G­alicia. Lo decisivo es la circunstancia y condición en que se encuentran la población y el territorio de este país, así como las instituciones que lo gestionan y representan. Lo de menos es la visión retórica, el juego mediático y la oralidad de unos actores que buscan llamar la atención sobre ellos antes que sobre las cuestiones principales, aquellas que condicionan el resto. Algo así como si ellos se hubieran puesto de acuerdo para darle la razón a Baudrillard, cuando afirmaba que los mass media eran fábricas de no-comunicación en la sociedad del simulacro.

Aparte de las distintas vicisitudes en las que se encuentra cada uno de los 2,7 millones de ciudadanos empadronados en Galicia, más aquellos otros que aquí también viven, cuestión muy importante, pero difícil de sustanciar en un artículo, el problema más hondo es que el número de habitantes sigue estancado desde hace unos cuantos lustros. Y ese estancamiento demográfico, unido al envejecimiento de la población, está condicionando el futuro de Galicia como sociedad cultural, como conjunto de productores y como conjunto de consumidores, desde que se pusieron en marcha las instituciones que son los pilares de su autogobierno.

Todas las reformas estructurales llevadas a cabo en el país en los últimos tres decenios, incluidas las reconversiones del sector primario (agro y pesca), han estado condicionadas en su aprovechamiento, cuando no ya en su enfoque de raíz, por esa realidad demográfica. Es obvio, además, que la estructura por edades de la población gallega lleva consigo consecuencias políticas. Por ejemplo, son explícitas en la composición del Parlamento autonómico o de las corporaciones municipales, en los programas políticos y en la distribución del gasto público de las distintas administraciones. Pero, también, en el ralentizado dinamismo de la sociedad, en la manera de afrontar colectivamente los retos, en el compromiso y en la formación e instrucción de los ciudadanos.

La segunda cuestión de importancia es el territorio y el trato humano que se le dispensó hasta ahora y que se le dispensará en el futuro. Se percibe que, en su conjunto, el territorio no ha sido bien tratado: en la franja costera la presión es excesiva, en el interior la ausencia humana es imperdonable. Con esos dos maximalismos, el equilibrio es impensable. Y, por otra parte, entre la ciudadanía todavía tiene bastante fuerza la concepción del territorio como un contenedor que puede con todo lo que le echen.

Hay otras alternativas de vida, asociadas a modelos de crecimiento avanzado, que no consisten en salpicar de ladrillo y cemento todo el país ni, por supuesto, plegarse a los caprichos de los neocolonizadores. Al incorporar el paisaje y el medioambiente al proceso económico, ambos adquieren un valor económico pero también un valor social suscitado por la sensibilidad de los ciudadanos. Es constatable que en las sociedades avanzadas hay una demanda ambiental y paisajística creciente, y por eso las políticas ambientales han pasado a un primer plano.

La discusión sobre Touriñán no es algo anecdótico; responde a dos formas dispares de percibir el territorio, así como a los intereses políticos y económicos que intiman con una y otra. El disenso es patente.

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