El Correo Gallego

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FERNANDO LUSSÓN

Toma de posesión anómala

18.05.2018 
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EL presidente de la Generalitat, Quim Torras ha tomado posesión de su cargo en un acto que se ha enmarcado "en la estricta legalidad catalana". Dos consideraciones: la primera es que la legalidad catalana deriva de lo establecido en la Constitución española y en el Estatut en vigor, por lo tanto la justificación dada por los organizadores del acto no puede ser más evidente. Segunda, si lo que pretenden significar es marcar distancias y oponer la legalidad catalana a la legalidad constitucional, surge el problema de que todas las leyes de desconexión que han desembocado en la declaración unilateral de independencia están suspendidas por el Tribunal Constitucional, y por tanto son inexistentes a efectos legales. Es decir, Cataluña, antes, durante y después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, se rige por la misma legalidad que ampara a todos y cada uno de los españoles.

La fórmula utilizada en la toma de posesión por Torras, en la que ha prometido fidelidad "a la voluntad del pueblo de Cataluña, representado en el Parlament", ha obviado la mención al rey y la Constitución como hiciera su predecesor, Carles Puigdemont. El riesgo contenido en esa frase es que el pueblo de Cataluña sea identificado con "un solo poble", el que quiere la independencia, dado el desprecio manifiesto con el que Torras ha descrito a otra parte significativa de catalanes.

La toma de posesión de Torras ha sido realizada con anomalías que ya en otras ocasiones han sido denunciadas ante la justicia sin que los jueces vieran motivo para actuar. Se trata una vez más de una polémica que se agota en si misma aunque se produce de forma recurrente porque estos actos formales no acaban de estar regulados. El líder de los socialistas, Pedro Sánchez, ha pedido que se legisle para que sea preciso, al menos, acatar la Constitución.

Es a partir de ahora, tras el acto demediado con el que Torras ha asumido la presidencia efectiva de la Generalitat, cuando se pone en marcha el reloj de sus obras, que pueden ser objeto de control político y judicial, desde la formación del nuevo gobierno a sus primeras decisiones si es que adopta alguna que pueda ser recurrible. Enfrente tendrá a los partidos constitucionalistas unidos en lo sustancial y con la diferencia de matiz que introducen las prisas de Ciudadanos, pensando más en sus intereses electorales que en lo que está ya sobre la mesa.

Tras la reunión de Albert Rivera con el presidente del Gobierno en La Moncloa se aprecia que el líder liberal repite lo que ya está previsto -mantenimiento del control sobre las finanzas de la Generalitat, intervención de TV3 y control de los Mossos- solo que en un tono más alto, a lo que ha añadido el control de la política exterior de la Generalitat, olvidando los propios compromisos que él ha firmado y anticipando hechos que no han ocurrido y que de producirse existe el compromiso de atajarlos de raíz.

Periodista