El Correo Gallego

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CONTRARIEDADES

XOSÉ RAMÓN R. IGLESIAS

Españoles por el mundo

08.12.2017 
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El Gobierno lo fio todo a la vía judicial para resolver la crisis en Cataluña, convencido del orden y la seriedad que emanan de las estructuras de este sólido poder del Estado, y al final ésta está resultando más surrealista aún que la política. Porque en la política la discrepancia se da por descontada, pero ¿cómo se justifica ahora que dos juzgados diferentes, los dos más importantes del país, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, emitan resoluciones contrarias sobre un mismo caso? O uno de los dos cometió una flagrante injusticia con sus dictámenes o habrá que aceptar que la justicia admite un orden gradual interpretativo, sujeto a la apreciación personal de quien la imparte. En el primer caso, el juez debería ser juzgado; en el segundo, un magistrado se equipara a un político, ambos tienen sus convicciones, que no abandonan en el ejercicio de sus cargos, sólo que uno gestiona lo público y otro dicta sentencias.

Si la Justicia española se quitase la venda simbólica –o no tan simbólica– que cubre sus ojos, que total, a estas alturas ya sabemos que no es ciega, tal vez contemplase en todo su esplendor el campo minado de contradicciones que está dejando a su paso: donde la Audiencia envía a los miembros del Govern a la cárcel preventiva sin posibilidad de fianza, el Supremo los deja en libertad a la espera de la evolución del sumario; donde la Audiencia dicta una euroorden de busca y captura contra Puigdemont, el Supremo emite una contraeuroorden para que el ex president prosiga y alargue su estancia en Bruselas, donde ya es una atracción turística más de la capital europea. Y el propio Supremo libera a unos ex consellers y mantiene a otros en prisión, en función del arrepentimiento y el propósito de enmienda mostrados, reconvirtiendo la Justicia en uno de los siete sacramentos de la religión católica.

Sin los focos de una presión mediática y política tan asfixiante, seguramente las decisiones de este asunto serían otras. Porque más allá de la gravedad de los hechos, que es algo interpretativo, como se demostrará el 21-D con el apoyo que el ex Govern recibirá en las urnas, la prisión preventiva parece una medida de una dureza excesiva, simplemente si se compara con otros casos donde no fue aplicada, como en el del cuñado del rey, Iñaki Urdangarin, condenado ya a seis años y tres meses de prisión, pero libre sin fianza en espera del recurso que presentó. Los integrantes del Govern independentista no podían destruir pruebas porque son evidentes y nunca las negaron, tampoco reincidir en el delito porque el 155 los destituyó y si se fugan de España, hasta nos harían un favor a todos.

La diferencia que también se aprecia, entre ambas instancias judiciales, es que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena demostró más inteligencia que su colega de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, cuya ansia de enchironar cuanto antes a Puigdemont facilitaba, en realidad, su huida. Con la euroorden de Lamela, el ex president y sus cuatro ex consellers podrían tomarse tres meses de vacaciones en Bruselas y luego ser extraditados para ser juzgados sólo por prevaricación. Llarena, retirando la euroorden, pero mantniendo la petición nacional de captura, los condena a establecerse permanentemente fuera de España, si no quieren que caiga sobre ellos toda la fuerza de la dama ciega de la Justicia. Viviendo como tantos otros españoles por el mundo, y con TVE reportajeando para nosotros sus andanzas cotidianas.