La situación del sistema financiero gallego, formado en torno a las dos cajas de ahorros, vive momentos de incertidumbre. Es lo peor que puede ocurrir en un sector cuyo principal activo es la estabilidad. La actitud del Gobierno central, negándose a participar en una negociación que desatasque la Lei de Caixas, resulta inexplicable. El daño originado es enorme. Afecta al conjunto de la economía, y muy directamente a impositores, clientes y empleados de ambas entidades. Después de cuatro reuniones entre las delegaciones de la Xunta y del Gobierno, tras haber llegado el primer día a acuerdos importantes, la negociación se ha roto por decisión unilateral de Madrid, utilizando además unos modales que suponen una afrenta a Galicia.

La carta del titular de la Xunta al presidente del Gobierno reclamando tratar el asunto al máximo nivel es la última esperanza de volver al sentido común. Urge resolver las diferencias y llegar a acuerdos. O, en el caso de que no sea posible, saber el camino a seguir. Zapatero debe atender, pues, la petición de Feijóo y reunirse cuanto antes. Resulta bien difícil creer que los gobiernos de España y de Galicia sean incapaces de hablar. En este caso, hay que decirlo, la Xunta ha mostrado siempre la mejor disposición y no se entienden los motivos del Ejecutivo central para comportarse de este modo.

La lealtad entre instituciones es un deber inexcusable por parte de quienes ostentan la más alta responsabilidad, en defensa del interés general. La Lei de Caixas ha sido aprobada por el Parlamento de Galicia con amplio respaldo y recibe el apoyo unánime de las entidades más representativas. El Gobierno aduce causas de inconstitucionalidad, pero rechaza negociar, hallar una solución. En tanto no lo haga hemos de pensar que su objetivo es que las cajas gallegas sean absorbidas por otras foráneas. Mientras, a Andalucía se le reconoce, otra vez, una supuesta deuda histórica. No hay derecho.