Como se sabe, un ciudadano pillado en una transgresión legal no puede alegar ignorancia de la norma. Tampoco puede aducir en su descargo que otros ciudadanos infringen la ley y que, al ser la infracción mayoritaria, no viene a cuento el castigo. Los diputados son ciudadanos con responsabilidades especiales. En consecuencia, hay más razones para rechazar tanto la ignorancia de la normativa, como la generalización de su incumplimiento. Sirva este preámbulo para referirnos al asunto de las dietas indebidamente cobradas por parlamentarios gallegos, y la aparición de otro presunto caso que afecta a la actual directora del Instituto de la Mujer. Haciendo gala del don de la oportunidad, la edición digital de EL CORREO divulgaba el acuerdo sobre el régimen económico de los diputados. Es perfectamente inteligible para cualquiera. Incluso para un diputado. No puede alegarse ignorancia. Y tampoco sirve de consuelo que no sea el popular Rodríguez Miranda el único implicado en esta pillería.