El Consejo de Estado confirmó lo que ya sabía (por eso dio el paso) el Gobierno Central y lo que se temía (de ahí su adelanto de posiciones) la Xunta: que en la Ley de Caixas hay elementos que aconsejan recurrir ante el Constitucional. El dictamen es tan contundente como las alegaciones previas de Fernández Currás, un ejemplo más de las distintas interpretaciones que permiten las leyes. Pero hay un aspecto más preocupante. Se paraliza un proceso en marcha. Y Galicia vuelve a salir perdiendo.