La cuestión no es si hay que reformar la Ley de Cajas, sino la finalidad que se persigue. La reforma es una potestad de los poderes públicos, y por ello el arranque de la nueva legislación no hay que verlo con preocupación. Pero la ley que elabore el Parlamento ha de estar en consonancia con los tiempos que corren, y alejada de criterios obsoletos. La politización de los órganos rectores de las entidades no es el camino ni la solución. Para afirmar tal cosa, no es necesario ser un impenitente liberal, sino fijarse en lo sucedido en la Caja de Castilla-La Mancha, paradigma de la intromisión partidaria. ¿Es ése el modelo que inspira la reforma? Las declaraciones de algunos portavoces del BNG indican que así es, mientras que socialistas y populares se mecen en la ambigüedad. Sería bueno que antes de que se inicie el proceso, la opinión pública sepa a qué atenerse. ¿Se va a reforzar el papel de la sociedad y sus organizaciones, o se trata de abrir la puerta a la entrada de los partidos? Que cada uno aclare su opción, para evitar confusiones.