Los grupos parlamentarios han dado a conocer sus propuestas sobre la ley de cajas que el Parlamento aprobará a fin de mes. Con inusitada rapidez, que es de aplaudir y pedir que sirva de ejemplo para otras cuestiones también importantes, se marcan las líneas generales del marco legal de estas entidades financieras sobre las que la Xunta tiene importantes competencias. Sin embargo, sorprende que el peso de la ley se centre en la configuración de sus órganos de gobierno, con unos modos que dan la sensación de que lo más importante es el reparto del poder y aspectos como la función de estas entidades en la sociedad quedan en segundo plano. También es sospechosa la insistencia en afirmar que los designados deberán ser profesionales de acreditado prestigio, no políticos ni cargos públicos. Los precedentes no lo corroboran. Hay leyes que dicen lo mismo sobre otras instituciones y los tres partidos sistemáticamente las incumplen. La actualización de la ley de cajas es necesaria, pero que sea útil y no para repartirse cargos.