EL PASADO 7 DE JULIO, el BOE publicaba una ley esperanzadora. Se trata de una norma que pretende de poner coto a la morosidad desbocada que se da entre empresas privadas, y en los contratos que éstas establecen con la Administración. Por si no bastaran los casos particulares, un par de cifras son lo suficientemente elocuentes para dar cuenta de la situación: 38.000 y 60.000 millones de euros. La primera corresponde a la deuda de las administraciones públicas con las firmas particulares. La segunda refleja la morosidad de las empresas con sus proveedores. Ni que decir tiene que ambos datos están relacionados, porque muchos empresarios repercuten la morosidad del ayuntamiento, la autonomía o el ministerio de turno, en sus subcontratas. Estamos ante un efecto dominó que perjudica más a los más débiles. Pero volviendo a la ley, es, como decíamos, una norma esperanzadora, ya que estipula que las administraciones paguen en 30 días y los particulares, en 60. Lo malo es que la letra pequeña se refiere a un periodo de adaptación hasta el 2013. De acuerdo con esta salvedad, las administraciones tienen un plazo de 50 días durante este año y el próximo. Por desgracia, sobran los ejemplos para decir que estos cálculos son una pura f­icción: en Galicia se pagan facturas a 200 días, sin que los damnificados puedan hacer nada más que aguantarse. Porque la Administración no es un cliente que se elija, sino en muchas ocasiones el único posible. Casi nadie puede permitirse el lujo de renunciar a trabajar con el ayuntamiento, la autonomía o el Estado. Pocos pueden atreverse a reclamar, protestar y mucho menos a demandar, con el riesgo de ir a parar a una lista negra. Así que la ley está muy bien, pero la realidad es muy distinta. Y ahoga a las empresas serias.