Los poderes públicos tienen el deber de velar por los más desfavorecidos. Los países más desarrollados afrontan los servicios sociales como una inversión y no como un gasto. Porque son generadores no sólo de bienestar social sino también de riqueza económica. En nuestro entorno se venían afrontando, con mayor o menor éxito, estas políticas pero de forma descoordinada. La Xunta presentó esta semana un plan cuatrienal de acción social (2010-13) que busca abordar la política social de forma planificada bajo un mismo eje de actuación. Esta política ha de ser a la vez coordinada con otras instituciones con responsabilidades, como son los ayuntamientos, diputaciones y Administración central. También con aquellas entidades privadas que desarrollan esta labor. No es fácil el reto que se ha marcado el presidente Feijóo de mejorar al final de este periodo las prestaciones con respecto a antes de la crisis. La difícil situación económica obliga a un plus de esfuerzo en la gestión que supla la disminución de los ingresos.

El plan, dotado con 2.000 millones de euros, permitirá incrementar considerablemente el número de plazas públicas en escuelas infantiles, las líneas de atención a la juventud, a la familia y sobre todo a los dependientes, cuya cobertura de ayudas viene mejorando pero no lo suficiente como para satisfacer una demanda creciente.

La acción social tiene como finalidad principal atender las necesidades de sus usuarios, pero también es un arma eficaz en tiempos de crisis para la reactivación económica a través del empleo. La creación de 10.000 puestos de trabajo que se prevén supondría un impulso extraordinario para la salida de la recesión. También es loable la filosofía que impregna el plan: el rejuvenecimiento demográfico, imprescindible incluso para nuestra existencia como pueblo. No hay que escatimar esfuerzos. Ahora falta que lo anunciado se cumpla. Lo prometido es deuda.