LOS DE FEIJÓO y los sindicatos están condenados a ser amores perros, sobre todo ahora que la política de recortes llega al peto de los funcionarios. La inestable y sorprendente luna de miel se resquebraja, tras meses de vino y rosas en los que la cintura del presidente propició la firma de casi una docena de pactos, y las cuatro grandes centrales exigen que la Xunta retire el anteproyecto que avala el tijeretazo en la función pública, que los líderes de CIG, UGT, CCOO y CSIF coinciden en calificar como un ataque frontal a los derechos de los trabajadores. Esta repentina escalada de la tensión es una mala noticia, agravada por un probable paro de funcionarios y por la ya segura huelga general que la nacionalista CIG convoca para la última semana de marzo, en protesta por la reforma laboral –que aún está por definir– y por las políticas de austeridad que impone la Unión Europea. Está claro que el totum revolutum de la crisis juega en contra de la política económica de don Alberto –hace muy poco, se quejaba de que no ha recibido ni una sola buena noticia en sus tres primeros años de mandato–, y que su nuevo paquete de recortes embarra las negociaciones en la Mesa del Diálogo Social. El aparato de San Caetano no ha medido bien –y, desde luego, ha explicado mal– las consecuencias de situar a los funcionarios en su punto de mira. Los empleados públicos y sus representantes sindicales se sienten en el centro de la diana, a los pies de los caballos, injustamente convertidos en cabeza de turco. Feijóo y su guardia pretoriana –los conselleiros Alfonso Rueda y Elena Muñoz, básicamente– intentan ahora minimizar los daños con su compromiso de negociar primero y decidir después, y con el gesto de ampliar hasta el jueves el plazo de alegaciones a sus propuestas. Demuestran, con ello, buena voluntad, pero la mecha de la indignación ha prendido y no va a ser fácil apagarla. De hecho, el clima que se respira en los pasillos de la sede del Gobierno gallego está peligrosamente enrarecido. La hoja de ruta del doloroso tijeretazo para ahorrar ochenta millones contempla cinco controvertidas medidas: que interinos y personal laboral rebajen hasta un tercio de su jornada, con el consiguiente ajuste de sus nóminas; la supresión del fondo social con el que se financian ayudas para formación de trabajadores, gastos sanitarios y estudios de hijos; la eliminación de tres de los nueve días de libre disposición; la reforma, y rebaja, del complemento por incapacidad temporal, y la supresión del vergonzoso plus de altos cargos. Lo razonable es que ambas partes cedan para que la paz funcionarial no salte por los aires y no le complique todavía más a don Alberto el final de la, tal vez, más indigesta legislatura en la historia de la autonomía.