En un Estado normal, con un Gobierno normal, el análisis del recurso anunciado ayer contra la ley gallega de cajas tendría que ser básicamente técnico. Pero no es el caso. El Estado en el que se produce la decisión no tiene un tratamiento homogéneo por parte de los poderes centrales, de tal forma que una cosa puede ser legal aquí y sospechosa de ilegalidad en la comunidad vecina. En lo que al Gobierno se refiere, amén de sus escasos aciertos en materia económica, está presidido por alguien que anunció solemnemente que las decisiones del Parlamento catalán serían vinculantes para el Ejecutivo. Con estos antecedentes, no queda más remedio que analizar lo sucedido a la luz de la asimetría permanente que el Gobierno de Zapatero practica. Así lo han entendido los partidos y organizaciones gallegas que ayer se unían para firmar un manifiesto con pocos precedentes. La pregunta que late en su proclama es si el trato que recibe la ley gallega es equitativo. La respuesta que dan es negativa.