Al menos cinco concellos gallegos han anunciado públicamente (¿cuántos lo vienen haciendo ya?) que dejarán de pagar a sus proveedores para poder hacer frente al abono de las nóminas de sus trabajadores. La drástica medida es un torpedazo en toda regla (con el agravante de ser consentido por los poderes públicos) en la línea de flotación de muchas empresas que se verán obligadas a prestar sus servicios y/o entregar materiales, adelantar el dinero a Hacienda para hacer frente al IVA, cubrir el resto de impuestos (incluso los municipales, ante el riesgo de embargo) y pagar gastos. Por encima esos pequeños y medianos empresarios se ven obligados a pagar no sólo a sus trabajadores sino también la parte correspondiente (que le están sustrayendo los concellos) de las nóminas de los funcionarios. Es una auténtica barbaridad que se realiza con la cooperación necesaria de Xunta, diputaciones y Gobierno central. Organismos que deberían velar para que los concellos paguen a sus proveedores. Y no condenarlos a la ruina.