La propuesta final de la Consellería de Educación sobre el decreto del plurilingüismo en la enseñanza no universitaria ha sufrido sustanciales modificaciones con respecto al borrador de bases presentado a finales de diciembre. Ha recogido muchas de las aportaciones realizadas por las numerosas entidades e instituciones consultadas, entre otras, los sindicatos, la Real Academia y el Consello da Cultura Galega. Aún así, quienes defendían a ultranza el decreto aprobado por el Bipartito es lógico que no estén satisfechos. Pero también es razonable que el nuevo Gobierno cumpla, en primer lugar, su compromiso electoral, y a continuación, tome una decisión que no sólo satisfaga a sus electores sino al conjunto de la ciudadanía o, de no ser posible, a la mayor parte.

Con el nuevo documento lo consigue y al mismo tiempo cumple la legalidad. El decreto garantiza el equilibrio entre los dos idiomas oficiales para el conjunto de las etapas educativas, otorga un elevado protagonismo a los padres, respeta la libertad de expresión de los alumnos e introduce de forma gradual y voluntaria el inglés. Estas son las líneas maestras. Es difícil encontrar argumentos sólidos para oponerse a ellas.

Con respecto a la propuesta inicial, la anunciada ayer incrementa las medidas en defensa y promoción del gallego y mejora el sistema de toma de decisiones, asumidas ahora en mayor medida por la autoridad educativa, como es su obligación. No obstante, la implantación va a ser, al menos el primer año, complicada. Son muchos los estamentos que participan, lo cual requiere, en primer lugar, un elevado esfuerzo de organización por parte de la Xunta. También del conjunto de la comunidad educativa, por el bien de los alumnos. La crítica, siempre conveniente, no debe impedir el buen funcionamiento del sistema. Si no diera buenos resultados, dentro de tres años hay e­lecciones y los gallegos podrán decidir en consecuencia.