Miembros de un pleno municipal votando diferentes propuestas FOTO: kiko delgado

Los ejecutivos municipales tienen la obligación de impulsar políticas que ayuden a avanzar hacia una mejor gestión para el desarrollo económico desde sus propios escenarios, con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes preservando los recursos.

La Constitución Española en su artículo 140 consagra este rol de agente dinámico de desarrollo, amparado en el principio de autonomía de los gobiernos locales.

A pesar de que existen actualmente muchas teorías sobre cuál debe de ser el papel de los Estados en un mundo cada vez más globalizado, nadie tiene la menor duda de que compete a los ayuntamientos la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo urbanos y rurales de la localidad.

No debemos obviar que ante la nueva situación de recesión económica que se avecina, los actores políticos del nivel local se verán sometidos a fuertes presiones para mejorar los servicios e infraestructuras, para implementar políticas que aseguren la dinámica económica y mantener el tejido social y el entorno natural.

Se debe de modernizar el tejido productivo, garantizando de esta manera desarrollo económico y social del municipio, promoviendo la colaboración institucional de las diversas administraciones públicas y los agentes económicos y sociales.

La misión de los ejecutivos municipales será la de promover la cultura, recursos y economía; generar alianzas estratégicas; facilitar infraestructuras y equipamiento; mediar en conflictos y en transiciones, así como garantizar el mantenimiento y mejora de las condiciones de vida y la actividad económica. Actuando siempre con transparencia, equidad, eficiencia, planificación, respecto y con concertación de actores.

Elección del pueblo

Para que se produzca un proceso de desarrollo económico local es necesario que se cree un organismo que permita impulsar el diálogo social y conocer la opinión de los diversos actores que interactúan entre sí para que se produzca un acuerdo colectivo, donde se objetivice las fortalezas y debilidades locales y se diseñe una estrategia adecuada que permita la implementación de las diversas acciones.

Los ciudadanos con sus votos elegirán a aquellos actores políticos que les demuestren honradez y capacidad para llevar a cabo sus promesas y exigirán que esas promesas se cumplan como si de un "contrato" se tratara.