La declaración final de la Asamblea Mundial de Ciudades y Autoridades Locales recomendaba la aplicación de Presupuestos Participativos en el gobierno local y califica a este tipo de procesos como una de las mejoras prácticas de gestión urbana del mundo. Se necesitan mecanismos que fomenten la participación de los ciudadanos en los gobiernos locales, ampliando de esta manera su participación tanto en la política como en las políticas.

Una mayor participación del ciudadano ayuda a un mejor desarrollo urbano, garantizando las libertades y oportunidades de sus habitantes y consiguiendo una mejor relación entre los gobernantes y los gobernados.

La participación implica que los gobernantes cedan potestades a los ciudadanos, renunciando a la autoridad del poder y haciendo que la información sea clara y transparente. El ciudadano se inhibe si no cuenta con la suficiente información sobre los recursos públicos y si esta información no es entendible y oportuna.

Se debe potenciar la participación directa del ciudadano en el proceso de asignación de recursos con la sana intención de mejorar la gestión presupuestaria. Para ello debemos de contar con iniciativas, consejos consultivos, reglamentos de participación, cartas municipales, que ayuden a mejorar el proceso presupuestario involucrando a los gestores y ciudadanos en la formación y gestión de los presupuestos locales.

El proceso participativo implica actuar con coherencia, de modo que sea comprensible para que los ciudadanos puedan entender por qué sobre unos temas se abren procesos participativos y por qué en otros no ocurre igual.
Es importante dedicar grandes esfuerzos a no dar bisoñez a estos procesos, a incentivar a los ciudadanos a participar y hacer que tanto los actores políticos como sociales se sientan corresponsables del éxito de estos procesos.

El Presupuesto Participativo se ha ido convirtiendo en tema de debate, desde que en los años 80 se inició en Brasil (la Ciudad de Porto Alegre es considerada la ciudad de referencia), se fue extendiendo por toda América Latina y más recientemente ha llegado a Europa.

La experiencia española lleva poco tiempo en funcionamiento y por tanto es difícil hacer una valoración de los resultados obtenidos. De todas formas es importante destacar que, aunque el número de Ayuntamientos que actualmente tienen presupuestos participativos es pequeño (aproximadamente 30 ayuntamientos de 8.100 que existen en el Estado español), la dimensión y el número de habitantes de algunos de ellos no son tan pequeños.

Podemos destacar como ayuntamientos importantes que están llevando a cabo esta iniciativa a San Sebastián (PSOE-EE), Logroño (PP), Zaragoza (PSOE), Madrid (PP), Córdoba (IU), Sevilla (PSOE), Málaga (PP).

Existe voluntad política de muchos alcaldes, así lo han manifestado en sus programas electorales de las últimas elecciones municipales, de modificar las relaciones existentes e incluir a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones.

Los capítulos de inversiones de los distintos ayuntamientos son lo suficientemente amplios e importantes como para satisfacer los intereses de los ciudadanos.

En definitiva, los ciudadanos darán su confianza a aquellos políticos, independientemente de los partidos políticos a quien representen, que estimulen una nueva cultura de gestión basada en crear espacios donde se encuentren los ciudadanos y el poder ejecutivo, donde se aumente el nivel de transparencia y donde el ciudadano pueda acceder a la información sin ningún tipo de restricción.