El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas estudian una vía para que los inmigrantes sin papeles, que desde el próximo 1 de septiembre se quedarán sin cobertura sanitaria, paguen por recibirla en la sanidad pública mediante convenios.

Según explica Sanidad, se trata del desarrollo del Real Decreto que regula la condición de asegurado y beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 4 de agosto. Esta norma establece que las personas que no reúnan la condición de asegurado o beneficiario del sistema podrán formalizar convenios especiales de asistencia sanitaria.

Según publica este martes el diario 'El País', en virtud de estos convenios, los extranjeros sin papeles tendrían que abonar 710 euros al año para recibir asistencia en la Sanidad pública, si bien la cifra se duplicaría hasta los 1.864,80 anuales en el caso de los mayores de 65 años.

Fuentes del Ministerio de Sanidad han explicado únicamente que "la cuantía de la suscripción de los convenios se ha calculado de acuerdo a la metodología oficial de cálculo de coste de asistencia sanitaria por ciudadanos, que es la misma aplicada a la facturación por la asistencia sanitaria prestada a ciudadanos de otros países europeos". El documento de trabajo ya ha sido enviado a las comunidades autónomas para que realicen las alegaciones correspondientes.

Los convenios están dirigidos a los españoles que nunca hayan trabajado y que tengan ingresos superiores a los 100.000 euros al año, es decir, los llamados "rentistas"; a los europeos que voluntariamente quieran suscribirlos para ser atendidos por el sistema sanitario público español y a nacionales de terceros países que durante su estancia en España quieran formalizar el convenio para ser atendidos por el sistema público. En el caso de los inmigrantes sin papeles, el Gobierno se limita a recordarles "la necesidad de que regularicen su situación".

La asistencia básica, es decir, urgencias por enfermedad o accidente, atención al embarazo, parto y postparto y asistencia a menores de 18 años, se mantiene para todos los ciudadanos, incluidos los que están en situación irregular.