MOMENTO AMARGO El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ayer FOTO: J. J. Guillén/Efe

"Sois la columna vertebral del país. Sois los que cargáis con su peso". Por momentos, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se dirigió ayer de modo directo a la ciudadanía al anunciar las duras medidas de ajuste con las que su gabinete responde al compromiso con la UE de acelerar la reducción del déficit, cumpliendo con un recorte adicional de 5.000 y 10.000 millones (este año y el siguiente) que se concentrará fundamentalmente en la rebaja salarial para empleados públicos y miembros del Ejecutivo. "No es fácil para el Gobierno", mantuvo desde la tribuna Zapatero, que apeló al "esfuerzo, nacional y colectivo" para hacer frente a unas medidas de ajuste que admitió duras, pero calificó de "imprescindibles".

El mayor recorte descansará sobre las nóminas de los funcionarios y los sueldos de responsabilidad del Gobierno, de los que se retraerán 2.400 millones de euros este año, prácticamente el 50% del tramo de recorte que corresponde a 2010. Los empleados públicos verán rebajado su sueldo desde el 1 de junio. Soportarán un recorte medio del 5%, que se distribuirá de forma proporcional a sus ingresos. La medida se completa con una reducción del 15% en las retribuciones de altos cargos y miembros del Ejecutivo. En 2011, se aplicará la congelación salarial para ambos grupos.

Las reducciones salariales podrían continuar en las cámaras de representantes y el poder judicial, toda una serie de movimientos que, según los cálculos del Gobierno, podrían elevar en 600 millones más el ahorro en materia salarial.

La disposición en el Congreso es buena. Durante la misma sesión de ayer, el portavoz de CIU, Antoni Durán i Lleida, defendió que el recorte se traslade también a los salarios de los diputados. El portavoz socialista, José Antonio Alonso, respaldó la propuesta y ya durante la tarde su grupo anunció una propuesta formal a las mesas del Congreso y el Senado para reducir un 15% los salarios de los parlamentarios que, según informó Europa Press, se sumaría a dos años de congelación y significaría un mínimo de 470 euros al mes por escaño.

Las no contributivas a salvo. Hay que retroceder a la crisis de mediados de los 80 y al plan de ajuste diseñado por Miguel Boyer, como responsable de Economía y Hacienda, para encontrar un antecedente comparable. Las medidas que acometerá el Gobierno socialista tocarán también a las pensiones contributivas, que no crecerán en 2011. Las mínimas y no contributivas escaparán a la congelación según el plan anunciado por Zapatero.

La supresión a partir del próximo 1 de enero de la ayuda de 2.500 euros de pago único por recién nacido o menor adoptado que el Gobierno del PSOE implantó en 2007, el recorte de 600 millones de euros de ayuda oficial al desarrollo o el ahorro de 300 millones acortando el precio de los fármacos no genéricos excluidos del sistema de precios de referencia entre un 10 y un 15% y adaptando sus presentaciones comerciales a la duración de los tratamientos son otras medidas de un plan, que en opinión del Partido Popular "llega tarde" y es fruto de la "improvisación".

La contención del gasto público afectará también al desarrollo de la ley de autonomía personal. Las prestaciones reconocidas a personas en situación de dependencia no tendrán efecto retroactivo, de modo que el reconocimiento no computará desde la solicitud.

Las inversiones del Estado perderán también 6.045 millones de euros en los dos años de ajuste que forzarán el aplazamiento de infraestructuras. Las grandes obras, cuantificó más tarde el ministro de Fomento, José Blanco, soportarán atrasos sobre la fecha de entrega inicial que rondarán los seis meses de media y en ningún caso superarán el año.

Todas las medidas formarán parte de un decreto ley que el Consejo de Ministros aprobará del viernes 21 para su inmediata entrada en vigor. Con ellas, el Ejecutivo prevé insuflar seguridad en los mercados, que reaccionaban con "fuertes subidas en toda Europa tras un comienzo de sesión claramente en negativo", según los analistas consultados por la agencia Efe.

El plan de ajuste de Zapatero contempla un ahorro adicional de 1.200 millones por parte de ayuntamientos y autonomías. Los gobiernos de las comunidades encajaron la propuesta de modo dispar. Mientras ejecutivos socialistas como el de Extremadura o Cataluña respaldaban los recortes salariales y adelantaban incluso revisiones de sus impuestos autonómicos, Galicia reprochaba al presidente del Gobierno que el déficit de su Administración repercutiese sobre las cuentas gallegas, que han cumplido con los criterios de estabilidad. Los gobiernos de Madrid y Valencia invitaron a Zapatero a reconocer que "no lo está haciendo bien" y criticaron que el plan "ataque a los más débiles y necesitados".

Puerta entreabierta a la reforma fiscal. En respuesta a los grupos de izquierdas, que vieron en el plan de Zapatero un "ajuste antisocial que se ceba en los más débiles", el presidente del Gobierno no descartó una reforma fiscal. No obstante, matizó, lo que toca ahora es reducir el déficit. Gaspar Llamazares acusó al Ejecutivo de imponer a trabajadores, pensionistas y dependientes la "ley del embudo, que implica que lo ancho es para el sector financiero, que pasa por la crisis manteniendo o incrementando beneficios, y lo estrecho para ellos". Zapatero dejó la puerta abierta a nuevas medidas fiscales que actúen sobre las rentas más altas para continuar con la reducción del déficit a niveles más cercanos al 3% en 2013, tal y como exige Bruselas.

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