El Gobierno impondrá el viernes duras  restricciones a la venta de preferentes a particulares, a los que a partir de ahora se les exigirá su consentimiento de puño y letra y,  en algunos casos, una inversión mínima de 100.000 euros.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha adelantado en una  entrevista con la Agencia EFE los detalles del real decreto que  aprobará el Gobierno el próximo viernes, y que tendrá un impacto en  el funcionamiento de las entidades financieras en el futuro.

El real decreto no sólo establecerá nuevas normas para la venta  de productos complejos de naturaleza híbrida, como las  participaciones preferentes, sino que además regulará la Sociedad de  Gestión de Activos (el llamado "banco malo") y redefinirá el marco  de actuación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB),  al que dará una mayor capacidad de supervisión.

El Gobierno está decidido a que no se repita el escándalo de las  preferentes, un producto muy complejo que la banca vendió en las  sucursales como si fueran depósitos, a clientes particulares, muchas  veces sin conocimientos, y en ocasiones sin su consentimiento.

Hace un año la banca mantenía un saldo de 22.500 millones en  estos productos financieros perpetuos, es decir, que no vencen  nunca, y cuya retribución está ligada a que la entidad registrara  beneficios.

Se calcula que más de un millón de clientes vieron atrapados sus  ahorros en las preferentes, según las asociaciones de consumidores,  que han llevado el caso ante la Justicia. "Estos productos en muchas ocasiones son para inversores  sofisticados, no son para colocar en las redes bancarias", ha  apuntado el ministro, quien está convencido que con la nueva  regulación "evitaremos situaciones como las que hemos vivido en los  últimos años.

A partir del próximo viernes, toda entidad que coloque  participaciones preferentes en las sucursales deberá destinar la  mitad de la emisión a inversores institucionales, como fondos de  inversión, a los que aplicará las mismas condiciones que a los  particulares, para evitar discriminaciones.

Además, cuando la entidad emisora no cotice en Bolsa, se exigirá  al comprador una inversión mínima de 100.000 euros. "Esto también será un elemento que limitará las posibilidades de  comercialización", ha apuntado el ministro.

Los bancos también tendrán que crear un registro de productos  complejos para que se sepa que "hay algunos productos que, por su  naturaleza, no son los más adecuados para el ahorrador normal".

Aun así, si un cliente "quiere adquirirlo, se le obligará a poner  de su puño y letra que, a pesar de que no es el producto adecuado  para él, lo quiere adquirir".

La nueva regulación evitará que se repitan los errores del  pasado, pero aún queda pendiente resolver el problema de los  ahorradores que se han visto atrapados en estos productos, y no han  podido recuperar sus ahorros.

La mayor parte de las entidades financieras están ofreciendo  canjes de preferentes por acciones u otros productos, como  depósitos, que permiten recuperar el dinero pasado un tiempo.

No obstante, las entidades que han recibido ayudas públicas, como  Bankia, Novagalicia o CatalunyaCaixa, que fueron muy activas en la  venta de estos productos, no pueden hacerlo porque la Comisión  Europea exige que el coste de su reestructuración sea pagado también  por sus acreedores, incluidos los que compraron preferentes.

El ministro ha explicado a Efe que en la actualidad el Banco de  España está negociando con Bruselas unas condiciones de canje que  permitan que el daño que sufran los inversores en preferentes sea el  menor posible.

Algunos medios financieros han recogido la posibilidad de que se  ofrezca a estos inversores canjear sus títulos con un bono que  puedan negociar en el mercado secundario, e incluso obtener una  rentabilidad al vencimiento.

De Guindos no ha dado detalles al respecto, aunque sí ha aclarado  que el producto que recibirán a cambio los inversores tendrá  liquidez, es decir, podrá venderse en el mercado secundario, "algo  que ahora no ocurre con las preferentes", y tendrán unas condiciones  "que compensen de alguna manera esas desventajas que tenían las  preferentes".