Martes 10.02.2009
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| Una de las cámaras que se encuentran en la plaza de Cervantes FOTO: Fernando Blanco |
El Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Santiago aceptó una solicitud del Movemento polos Dereitos Civís (MpDC), y obligará al Ayuntamiento de Santiago a retirar las cámaras de seguridad del casco antiguo, al "no contar con los permisos necesarios" para su instalación y mantenerlas "ilegalmente".
El juzgado ya falló sobre este caso en septiembre. Entonces condenó al Concello a retirar la videovigilancia, pero Raxoi respondió recurriendo al Tribunal Superior de Xustiza, y el fallo no se ejecutó.
Ahora, sin embargo, el juez permite la ejecución parcial de esta sentencia, pero con una condición. Antes de retirar los aparatos, el MpDC deberá pagar al gobierno local 3.000 euros como caución. Es decir, como acto de garantía que cubra los posibles daños que se produzcan en caso de que el Tribunal Superior de Xustiza le dé la razón a Raxoi en su recurso y se puedan volver a poner las cámaras en las rúas de Compostela.
El portavoz del MpDC, Renato Núñez, explicó ayer en una rueda de prensa que este dinero es una cifra mucho menor de la que exigía el Ayuntamiento de Santiago, pues la administración local pedía en un principio "600.000 euros".
Asimismo, y a pesar de que, en su opinión, "resulta sorprendente que se tenga que pagar por una ilegalidad que cometieron otros" se mostró "satisfecho" por esta resolución que "supone un paso más en la defensa del derecho a la intimidad de los ciudadanos". Además, Núñez recordó la "pasividad con la que el Ayuntamiento ha tratado este trámite necesario y obligatorio por la ley", al "carecer de los correspondientes permisos de renovación, del libro de registro de las imágenes captadas".
Recaudación pública
Así las cosas, la asociación MpDC llevará a cabo una campaña de solidaridad entre la ciudadanía para "para pedir su colaboración" y "conseguir, a través de donativos, los tres mil euros requeridos por el juzgado para desconectar las cámaras".
Todos los interesados en colaborar pueden hacerlo ingresando dinero desde cualquier banco en el número de cuenta 2080/0540/44/004000724. También con su tarjeta de crédito podrán aportar el dinero a través de Internet. Sólo tienen que entrar en la página del MpDC, en el interfaz www.movemento.org.
En Santiago hay diez espacios públicos con videovigilancia: Costa do Cristo, soportales del pazo de Raxoi, la rúa de Raxoi, el Obradoiro, Platerías, A quintana, Cervantes, O Toural, San Francisco, y el paxo do Hórreo, sede del Parlamento gallego. Si no se retiran las cámaras de estas zonas del casco antiguo tras entregar el dinero, el MpDC asegura que "se estudiará denunciar al Ayuntamiento por desobediencia".
"Volveremos a conectarlas"
La edil de Seguridad Ciudadana, Marta Álvarez-Santullano, respondió ayer que "el juez dictó un auto el 10 de diciembre de 2008, pero "mientras MpDC no presente la fianza de 3.000 euros en el Juzgado no tenemos por qué desconectar las cámaras". Ahora, "en cuanto el juzgado nos confirme la entrega del dinero, las apagaremos inmediatamente porque siempre respetamos las decisiones judiciales". A continuación, sin embargo, la edil asegura que "volveremos a tramitar un nuevo permiso ante la Delegación de Gobierno, organismo competente y que siempre defendió que Compostela, capital de Galicia, es muy sensible a cuestiones de seguridad ciudadana y a la necesidad de las cámaras".
Álvarez-Santullano señala, además, que "ni la Delegación del Gobierno ni la Comisión de Vixianza de Cámaras de Galicia cuestionaron el fondo del asunto". Esta sentencia viene, según ella, "por un defecto de forma: haber presentado la renovación del permiso con retraso" .
En Radio Obradoiro, el portavoz de Movemento polos Dereitos Civís aseguró que se abonarán los 3.000 euros de fianza requeridos por el juez para llevar a cabo la retirada de las cámaras. Renato Núñez quiso aclarar que se trata de una cantidad muy inferior a la exigida por el Ayuntamiento.
Mientras el Movemento polos Dereitos Civís no pague esos 3.000 euros, el Ayuntamiento no dará ni un paso en la retirada de las cámaras. Así lo confirmó en esta emisora la concejala de Seguridad Ciudadana, Marta Álvarez-Santullano.
La razón por la que Raxoi volverá a tramitar la puesta en funcionamiento de nuevo de las cámaras de videovigilancia en el casco histórico es que lo consideran un servicio esencial. De hecho, Marta Álvarez-Santullano quiso dejar claro que no es la función lo que se cuestiona sino que el problema vino por la mala gestión en el permiso.
Un hecho que el portavoz popular en Raxoi, Gerardo Conde Roa, aprovechó esta mañana, en su visita a los estudios de Radio Obradoiro, para recalcar que una vez más los ciudadanos, dijo, estamos pagando por las malas gestiones del Ayuntamiento.
Sobre esta cuestión se pronunció también en esta emisora el gerente de la asociación de comerciantes de la zona vieja, Compostela Monumental. José Ángel Blanco mostró todo su apoyo al Ayuntamiento, ya que considera que la videovigilancia es necesaria.
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