El alcalde de Santiago de Compostela, Gerardo Conde Roa, ha exigido a los miembros del anterior Gobierno municipal de la ciudad que expliquen "qué han hecho con la tasa de recogida de basura" para que el Ayuntamiento tenga contraída una deuda con la empresa adjudicataria del servicio por valor, según sus cifras, de 5 millones de euros.

Así lo ha señalado el regidor santiagués este martes a preguntas de los medios de comunicación acerca de la situación financiera del consistorio, que Conde Roa ha calificado de "gravísima".

En este sentido, el primer edil compostelano ha dicho que los socialistas "están profundamente nerviosos" ya que "tendrán que dar muchas explicaciones, como informar de dónde se han invertido los 66,5 millones de euros de deuda bancaria existente" y "aclarar por qué han auditado empresas municipales con sociedades auditoras amigas del PSdeG". "Yo, en su lugar, estaría muy nervioso", ha apostillado el alcalde de Santiago.

Asimismo, Conde Roa ha informado de que en la mañana de este martes ha tenido conocimiento de que el Ayuntamiento santiagués debe "1,75 millones de euros a la empresa constructora responsable del parque de bomberos". Así, el regidor municipal ha afirmado que las finanzas municipales viven bajo "una constante lluvia de facturas".

"Subterfugio financiero"
Por su parte, el concejal del BNG Rafael Vilar ha calificado de "subterfugio financiero" la política anunciada por Conde Roa de recurrir a la financiación público-privada para hacer frente a la situación económica municipal.

"A falta de conocer la letra, la música de esta cantinela ya no suena bien", ha manifestado el concejal nacionalista en un comunicado y ha añadido que "bajo estas fórmulas se suelen esconder medidas de privatización encubiertas" como las que a su modo de ver "practica la Xunta en servicios públicos como la sanidad".

Asimismo, ha acusado al Gobierno local de crear "un clima catastrófico" acerca de la situación financiera de las arcas municipales, que "si bien es complicado, no es imposible de gestionar" y que en ningún caso debe ser "coartada para propiciar recortes, privatizaciones o subidas de impuestos" así como para "incumplir promesas electorales".