La dirigente de la CIG y autora de la denuncia por supuestas irregularidades en la gestión de la Cidade da Cultura (CdC), Mar Peteira, ha presentado recurso sin el apoyo de su sindicato contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de archivar las diligencias sobre responsabilidades penales en relación a las obras y cuentas del complejo.

De este modo, Mar Peteira se queda sin el respaldo que la Executiva de la CIG sí le ofreció después de que el 13 de agosto de este año remitiese, a título personal, a la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el informe del Consello de Contas sobre la Fundación Cidade da Cultura.

El citado documento aludía a la "falta de rigor" en el proyecto de la Cidade da Cultura, además de denunciar "importantes deficiencias" en la planificación y programación del mismo y constatar la ausencia de un modelo de gestión y un plan de viabilidad financiera, entre otras cuestiones.

El hecho de Mar Peteira presentase esta denuncia por supuestas irregularidades a título particular -y no como miembro del sindicato- ha sido el motivo esgrimido por la organización nacionalista para no apoyarla, en esta ocasión, en el recurso.

Así lo confirmó a Europa Press el portavoz de la 'Plataforma Cultura Si, Mausoleo No', el también sindicalista de la CIG Xan Carlos Ansía, quien lamentó que la organización nacionalista se haya "desentendido" del caso alegando que la denuncia fue una "gestión a título personal" y, por tanto, "no es una cuestión sindical".

"Es una pena y demuestra una falta total de responsabilidad sindical", reprobó Xan Carlos Ansía, que reveló, tal y como se recoge en el recurso presentado hoy a las 14.00 horas contra el auto de sobreseimiento provisional, que Mar Peteira cuenta con el "apoyo y aval" de la Plataforma Cultura Si, Mausoleo Non, que puso a su disposición los abogados y "costeará todo el proceso judicial".

En el recurso de Mar Peteiro se solicita a la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago, María Elena Fernández Currás, que dicte una nueva resolución "con el fin de depurar las posibles responsabilidades penales", tras su decisión el pasado día 2 de noviembre de archivar provisionalmente la denuncia al considerar que, aunque hubo "desfase presupuestario", no se produjo "malversación y, por tanto, no existe causa penal".

Recurso de la Fiscalía del TSXG

De este modo, este recurso se suma al de reforma y subsidiario de apelación que presentó la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG), que argumentó para ello que, de la documentación obrante en la denuncia, "aparecen datos más que suficientes" como para "entender que ha de desarrollarse una investigación profunda, seria y pormenorizada de muchos de los aspectos relativos a esta obra, su adjudicación y gasto".

"El cierre de la investigación es prematuro", afirmó la Fiscalía, al tiempo que advirtió de que "no se ha realizado ninguna diligencia tendiente a confirmar las sospechas, ni se ha recibido ninguna pericia en relación con los datos sospechosos que conforman la denuncia".

En este contexto, el recurso interpuesto por la Fiscalía del TSXG pretende "apurar todas las posibilidades de investigación", teniendo en cuenta "la importancia del asunto" y, como es lógico, "sin prejuzgar el posible resultado final de la misma".