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El fiscal abre la puerta para que vayan a prisión nueve controladores de Lavacolla

Mientras en otros juzgados las diligencias fueron archivadas, el Ministerio Público acusa a los profesionales de Santiago//Cree que actuaron concertadamente para provocar el caos

MARTA CASTRO SANTIAGO   | 04.02.2011 
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Los días previos al 3 de diciembre, cuando ante el abandono masivo por parte de los controladores de sus puestos de trabajo AENA decidió cerrar el espacio áereo, Lavacolla ya sufría "esta acción concertada" que generó "retrasos, suspensiones y derivaciones de vuelos" en toda Galicia. El fiscal se basa en esta actitud, "concertada y sucesiva" de los nueve controladores a los que tomó declaración a mediados de diciembre para presentar una denuncia ante el juez, en la que pide su paso a la condición de imputados.

Así, mientras en otros juzgados españoles las diligencias preprocesuales han terminado en archivo, sin consecuencias para los controladores -ocurrió en Vigo y A Coruña, y ayer mismo quedaban liberados de sospecha los diez controladores del aeropuerto de Manises, en Valencia-, en Lavacolla no solo se les imputan los resultados del abandono de sus puestos de trabajo durante el día 3 de diciembre, sino la situación de caos aéreo que se produjo en Galicia ya desde el 27 de noviembre y que convirtió a la terminal compostelana en una especie de banco de pruebas.

El fiscal considera que los usuarios del transporte aéreo se vieron "gravemente perjudicados" al "impedirles los denunciados" acceder a ese servicio público.

En base a la información remitida por AENA y a las diligencias practicadas -incluyendo la toma de declaración a los nueve controladores, que se negaron a responder a las preguntas del fiscal-, la decisión de Mario Piñeiro ha sido proponer al juez la incoación de diligencias previas, que se llame a los denunciados en condición de imputados, y que se llame como testigo al jefe de División de Control de Santiago, Pedro Garea Traba.

El fiscal jefe de Santiago también ha pedido información a AENA sobre la existencia de expedientes disciplinarios abiertos contra los imputados, y que, en su caso, remita una copia al juzgado. También recomienda que las denuncias presentadas por particulares y "referidas a los mismos hechos", entre las que cita por lo menos dos expedientes, se acumulen en una misma causa.

El fiscal considera que los hechos que ha analizado "pueden ser constitutivos de un delito de abandono de funciones previsto en los artículos 20 y 21 de la Ley 209/1994 (fecha errónea que figura en el escrito, ya que la real es 1964), Ley Procesal de Navegación Aérea". Esta norma preconstitucional pero en vigor, establece en su artículo 20 que "serán castigados con pena de prisión menor, como reos de sedición", los "miembros de la tripulación de aeronaves o empleados de aeropuertos que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta, desobediencia coactiva o represalia contra el comandante o jefe respectivo".

El artículo 21 contempla incluso penas de prisión mayor "si el hecho se comete con la intención de interrumpir la navegación o de variar la ruta" y "al jefe de la sedición, en todo caso".

El escrito del fiscal ve también posible la imputación de los controladores del aeropuerto compostelano en base al Código Penal, y apunta para ello al artículo 409, que establece que "a las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público, se les castigará con la pena de multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".

local@elcorreogallego.es

Cumplían el reglamento

•••Aunque el sindicato USCA no entró ayer a valorar la decisión del fiscal de Santiago, sus portavoces insistieron en todo momento en que los abandonos y cierres puntuales de la torre de Lavacolla fueron porque los controladores asignados a esos turnos habían superado las horas máximas.

•••Fue precisamente una precisión sobre este decreto, en concreto sobre la forma en que debían contabilizarse esas horas máximas, la espoleta que dio lugar al abandono masivo del día 3.

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