El Colegio de Abogados de Santiago considera que la propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de formalizar divorcios y matrimonios civiles ante un notario para aliviar la situación de colapso en los juzgados "es de dudosa constitucionalidad".
"La disolución de un matrimonio por divorcio en España tiene que ser siempre mediante sentencia judicial, por lo que proponer que jueces y magistrados no intervengan en el proceso es de dudosa constitucionalidad, a no ser que se modifique la Constitución", asegura Evaristo Nogueira, decano de los letrados compostelanos y adjunto a la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
Por otra parte, Nogueira recuerda que en los divorcios de mutuo acuerdo "es necesaria la intervención del Ministerio Fiscal en caso de que el matrimonio tenga hijos menores", además de sostener que "no son estos procedimientos los que saturan los juzgados en España".
Por lo que respecta a las bodas civiles, el decano de los abogados de Santiago afirma que "el expediente matrimonial tiene que pasar el control del Fiscal, por lo que la propuesta del ministro tampoco se ajusta a lo que fija la Constitución". "Hay que recordar también que casarse en el juzgado es gratis en España, lo que suponemos que cambiará si se realiza en el despacho de un notario", apunta.
El sector de la abogacía se muestra "contrariado" por las propuestas que Alberto Ruiz Gallardón ha hecho públicas en las últimas semanas, como la posibilidad de abrir los juzgados en agosto, y Nogueira sostiene que "para nada tienen que ver con los problemas que sufre la justicia en España".
Para los abogados compostelanos, que reclaman el tan demandado Pacto de Estado por la Justicia, "existen otras formas más efectivas de reducir las dilaciones en los procedimientos judiciales, como la adecuada informatización de los tribunales y el aumento del número de jueces y funcionarios, así como la potenciación de la mediación y el arbitraje".
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