Tres vecinos de O Eixo deberán ir a la cárcel por agredir a policías

La solicitud de indulto para evitar el ingreso en prisión de los tres imputados de la parroquia do Eixo, en Santa Lucía, tras agredir a un agente de la Policía Nacional, ha sido denegada por el Consejo de Ministros. Previsiblemente, si el propio consejo no cambia de opinión, los tres imputados por los hechos ocurridos en 1998 deberán ir a la cárcel, para cumplir una sentencia de siete años.

Los tres imputados ya habían pagado una multa que ascendía a más de 150.000 mil euros, según explicó uno de los abogados de los inculpados. Ante la negativa de indulto, los letrados de los implicados solicitaron la ampliación del plazo para entrar en prisión a la sede que la Audiencia Provincial de A Coruña tiene en Santiago.

En su momento, ya se había recurrido al Tribunal Supremo. Sin embargo, "a pesar de tener de nuevo todas las esperanzas de que el indulto procediese, sólo podemos solicitar una ampliación del plazo de ingresar en prisión, para que nuestros clientes puedan solucionar temas de papeleos y asuntos familiares", explicaba uno de los letrados.

Por su parte, el alcalde compostelano, Sánchez Bugallo, se ha puesto en contacto con el asesor del ministerio de Justicia para intentar que el indulto proceda, así como con el juez encargado del caso y con uno de los abogados. Está previsto que en el pleno del próximo jueves se lleve a cabo la solicitud de indulto.

Mal estado de la vía

Esta denuncia se remonta al año 1998, ante una serie de protestas y manifestaciones que se llevaron a cabo por el mal estado de la carretera N-525, a la altura de Santa Lucía, y la petición de pasos de peatones en la zona. En una de las revueltas, tres vecinos se rebelaron contra varios efectivos del cuerpo de la Policía Nacional. Los tres implicados, condenados por lesiones, consiguieron reunir la cantidad de 156.000 euros que abonaron como multa. La petición del indulto, que tuvo lugar en 2006, fue apoyada por los tres grupos municipales.

El pago de la indemnización y la reinserción social de los tres encausados justificaron, según había señalado Bugallo, la petición de la medida de gracia para que Jesús Montoiro, José Moreira y Simón Márquez no tuviesen que cumplir los siete años de cárcel, que establece la condena. Otro de los puntos en los que se apoyaron para sacar adelante esta petición fue la ausencia de antecedentes con la justicia.