No es ninguna trapallada. Tampoco lo eran las Bases que elaboró la Xunta. El documento (13 folios) de la Real Academia Galega responde a lo que se esperaba de la institución. Como era previsible, y ya se había anunciado, es muy crítico pero respetuoso. Responde en lo que podemos llamar parte técnica a su función de defensa de la lengua gallega y en la política a planteamientos básicamente nacionalistas. Es lo natural dada la composición del órgano. Las propuestas que realiza se pueden resumir en mantener el decreto del bipartito. Es fácil predecir que el Consello da Cultura, sindicatos, BNG y Mesa Pola Normalización van a decir algo muy parecido. Incluso el PSOE, que aprovecha cualquier motivo para hacer oposición, dirá lo contrario que en Euskadi.

Evocar la Constitución, Estatuto, Lei de Normalización y Plano de Normalización es gratuito porque la Xunta está convencida de que las cumple. La parte menos afortunada de este buen trabajo de la Real Academia es cuestionar el valor de las promesas, de los resultados electorales y del papel reservado a los padres, pero sobre todo la referida a los aspectos jurídicos. Decir que "infrinxe a lexislación vixente" es, cuando menos, arriesgado. Hacer tal aseveración implica la obligación de denunciarlo. ¿Y que pasará si la Justicia dice que el decreto es legal? Lo mejor para el idioma, y el país, es hacer lo que todos proponen -la RAG también- negociar de buena fe para alcanzar un acuerdo. Y con los pies en la tierra. Los maximalismos pueden llevarnos al suicidio lingüístico.