La línea que definió Caixanova en el consejo de administración celebrado en octubre el Pontevedra no varía ni tras la comparecencia de ayer del presidente de la Xunta. Pese a la nueva oferta de Alberto Núñez Feijóo, fuentes de la entidad aseguran que continúan en la misma "línea de trabajo" que adelantamos en EL CORREO GALLEGO el pasado 13 de noviembre, tesis que se vio reforzada en estas páginas el día 25 del mes pasado, y que se confirmaba de nuevo en el arranque del presente. Su salida, su hoja de ruta, nada tiene que ver con la fusión que avaló ayer Feijóo, el BNG, los sindicatos y la CEG, ni con el Sistema Institucional de Protección (SIP) a la gallega, que volvieron a plantear los socialistas. Su plan va más allá, a ese SIP reversible con cajas solventes de fuera de Galicia, pese a la amenaza directa de vetar cualquier otra salida que planteó ayer la Xunta.

¿Y en Caixa Galicia? La versión oficial volvía a ser ayer la que llevan semanas delcarando: aseguraban que su director general, José Luis Méndez, aceptó ayer la nueva propuesta de la Xunta, la del nuevo proceso de auditorías enfocadas a la posible fusión (conocidas como due dilegence), compremetiendo la mayor colaboración "en busca de la mejor solución para Galicia".

Fuentes del sector financiero, sin embargo, se planteaban una duda que recorrió ayer todos sus círculos: siendo la caja del norte mucho mayor en activos y clientes, no se explican que significa exactamente la fusión "equilibrada, igualitaria y paritaria" que anunció como objetivo ayer Feijóo. Nos confiesan su sorpresa ante el anuncio presidencial por varias razones. La primera es la citada: no entiende como se promete equilibrio, paridad e igualdad cuando una caja es el líder financiero, y su competidora segunda, con distintas cuotas, oficinas, plantilla, activos... "¿No se devalúa a la principal caixa y revaloriza a la segunda?".

En cuanto a la auditoría, un experto del sector calificó de "absolutamente inexplicable" plantear una cuarta, cuando ya existen la de la propia Caixa Galicia, a quien siguen firmas de prestigio como PriceWaterHouseCoopers (PWC); o las dos que esgrimió Caixanova, una del equipo que comanda Emilio Ontiveros (analistas Financieros Internacionales, AFI) y la otra de Deloitte, la firma que más financieras audita, y que se ha adjudicado, en concurso del Banco de España, el análisis de los proyectos de integración que se presenten por las entidades para lograr fondos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

"¿Representa esto una bofetada al prestigio de Deloitte? ¿Y AFI o PWC? ¿Y para que sirvió el estudio de Facenda, que dio datos a Feijóo para hablar de fusión?", se pregunta el experto, que prefiere mantener en el anonimato. Cree que se descalifica a las dos cajas, a la propia Xunta y a todas las firmas auditoras citadas.

Con la línea clara

Pese a todos estos anuncios y a pesar del nuevo proceso abierto por Feijóo, las fuentes de Caixanova reiteraban ayer que seguirán con el camino ya trazado. Repiten que nada nuevo se les ha puesto sobre la mesa en todo este proceso para que cambien de tercio. Desde su consejo nos aclaran de nuevo que tienen "tomada la decisión" y no ven "más salida que la inicialmente aprobada".

Existe intervencionismo

En la jornada de ayer, gracias a preguntas del Bloque, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se veía forzado a entrar de lleno en la custión sobre el futuro de las cajas de ahorros, y aseguraba en el Congreso que, tras la crisis y su impacto en el sector financiero, es necesario modificar la ley de cajas "para hacer más competitivas a estas entidades". Claro que la vía escogida difiere de la que parece estar trazándose en la comunidad gallega, donde se prevé aprobar la nueva norma autonómica el día 30 de este mes: Zapatero, cuya ley estatal no llegará antes del tercer trimestre de 2010, apostaba ayer por despolitizar las cajas, aunque sin "demonizar a los políticos". Aquí podría contar con el PP como aliado, pues en Génova no sentó nada bien el espectáculo por la pugna municipal (Alberto Ruiz Gallardón)-autonómica (Esperanza Aguirre) por el control de Caja Madrid.

Es más, Paco Camps, presidente valenciano (y popular), acaba de declarar que respetará "escrupulosamente lo que digan los órganos de Gobierno de las cajas" de su comunidad: Bancaja, CAM o Caixa Ontinyent. En Galicia, fuentes financieras denuncian que "el presidente intenta imponer su fórmula a las cajas. Es inexplicable". Además, detallan que no creen que PP y BNG puedan llegar a un acuerdo en la ley de cajas gallega, pues el Bloque, entre otras propuestas, quiere nombrar un interventor en la comisión que concede los créditos. Un político entre expertos. "¿Habrá un comisario político en las cajas?", nos inquieren.

También una fuente del PP que prefiere no dar su nombre nos apuntaba ayer, además, que "con este affaire, el PSOE se está frotando las manos".